Denuncian a mandos de EEUU y España por la muerte de niños en Afganistán

El Comité René Cassin ha denunciado a cinco mandos militares de EEUU, Gran Bretaña, Italia y España por crímenes de guerra en el bombardeo de una aldea afgana donde murieron diez niños y una mujer el pasado 6 de abril.

La denuncia ha sido presentada ante la Audiencia Nacional porque, según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es competente la jurisdicción española para conocer los hechos cometidos por españoles o por extranjeros fuera del territorio nacional siempre que se trate de delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería.

El Comité René Cassin lleva el nombre del juez francés que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su presidente, el abogado sevillano Alberto Revuelta, dice que los bombardeos llevados a cabo por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), encaminados a detener a dos comandantes talibanes, “pueden calificarse como crímenes de guerra, definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como infracciones graves de los convenios de Ginebra de agosto de 1949”.

Entre ellos, se cita el “atacar o bombardear por cualquier medio ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares”.

“Emplear aparatos aéreos para bombardear de madrugada una aldea civil no protegida y defendida militarmente se encuentra dentro de las acciones prohibidas por los convenios de Ginebra”, afirma la denuncia, y añade que se trató de una actuación “manifiestamente excesiva en relación con la ventaja militar”.

Los denunciados son el general Joseph Dunford, jefe de los Marines de EEUU al mando de ISAF; el británico Nick Patrick Carter; el teniente general James I. Terry, de EEUU, responsable de Operaciones de Neutralización de la ISAF; el italiano Giorgio Battisti, jefe de Personal de ISAF, y el general español Javier Cabeza Taberna.

La conexión con España se produce porque un Consejo de Ministros de diciembre de 2011 autorizó la participación de unidades del ejército español en la ISAF para hacerse cargo del equipo de reconstrucción provincial de Badghis, dirigir la base de apoyo avanzada de Herat, donde se instaló el mando regional de ISAF, e instruir a varias unidades del ejército nacional afgano y de su policía, añade Revuelta.

Además, España se adhirió a ISAF mediante un memorando de entendimiento que “infringe la Constitución española, que exige la autorización previa de las Cortes Generales para que pueda celebrar tratados o convenios de carácter militar”, dice la denuncia.

Por otra parte, doscientos militares españoles del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de Bétera (Valencia) se incorporaron en 2011 al mando conjunto de la ISAF y “a pesar de este incremento de tropas, Defensa no solicitó la autorización del parlamento prevista por la ley para las misiones en el exterior” pues lo consideró una simple rotación de efectivos, según Revuelta.