Denuncian a dueño de un canal de TV de Nicaragua por “incitar a la violencia”

Dos nuevas denuncias por “incitar a la violencia” fueron presentadas hoy contra el dueño de un canal de televisión crítico del Gobierno de Nicaragua, en el marco de las protestas de rechazo al presidente Daniel Ortega, que ha cobrado la vida de cientos de personas.

Leopoldo Ramón Bello Poveda, Irene Silva y Alejandro Rodolfo Montes Sosa denunciaron al dueño del canal 100 % Noticias, Miguel Mora, por “ser el principal incitador a la violencia y el odio desde su medio de comunicación”, informó el Ministerio Público, a través de medios del Gobierno.

Con la queja de este martes Mora acumula al menos seis denuncias similares en su contra, todas presentadas por simpatizantes del Gobierno nicaragüense.

“Estamos aquí para que el pueblo de Nicaragua sepa verdaderamente qué significa el golpismo, qué significa el terrorismo que practica desde un medio de comunicación esta persona irresponsable”, dijo Bello, a los medios oficialistas.

Mora, quien se ha quejado públicamente de acoso policial en las últimas semanas, fue notificado en días recientes de que su canal no puede ser transmitido por señal satelital, lo que fue criticado por organismos defensores de los derechos humanos en Nicaragua.

Al igual que otros medios de comunicación independientes, el canal de Mora ha sufrido censura de sus transmisiones, amenazas y golpes a sus periodistas, robo de equipos y ataque de grupos oficialistas a sus instalaciones, según ha denunciado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que el ataque a los periodistas y medios de comunicación es la más reciente fase de “represión” del Gobierno de Nicaragua desde el estallido social de abril.

Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos y 674 “presos políticos” desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril pasado.

El Gobierno reconoce 199 víctimas y 273 reos, que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Ortega rechaza la responsabilidad de la crisis y sostiene que se impuso a un intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.