Denuncian torturas a mujeres manifestantes arrestadas en Nicaragua

La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció hoy que las mujeres arrestadas por protestar contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sufren torturas cuando son encarceladas.

“Es lamentable que el Sistema Penitenciario Nacional se ha vuelto un centro de torturas, con métodos infames; nosotros tenemos muchos testimonios donde el tipo de tortura no sólo es psicológico, sino también físico”, dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, afirmó que “se está enviando gente que corresponde a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, al sistema (correccional) La Esperanza”.

La DAJ tiene su sede en El Chipote, un centro de cárceles donde, aseguran las organizaciones humanitarias, la Policía Nacional tortura a los reos.

Montenegro explicó que un ama de llaves, una encargada de salud y una responsable de educación de La Esperanza fueron testigos de actos de tortura contra la estudiante Elsa Valle, cuyo padre, Carlos Valle, un antiguo político opositor, ha reclamado públicamente la liberación de su hija.

Al menos seis mujeres privadas de libertad por delitos comunes fueron aisladas y perdieron sus derechos a recibir visitas y alimentos de sus familias, por haber pedido a las autoridades carcelarias que atendieran a Valle por una lesión en una pierna, según la denuncia.

“Nosotros, como CPDH, responsabilizamos al Sistema Penitenciario Nacional y al Gobierno porque ellas han perdido el derecho a la libertad, no el derecho a la salud, ni a la vida”, sostuvo Carmona.

Los organismos humanitarios han informado de que el Gobierno mantiene tras las rejas al menos a 185 “reos políticos”, de los que 22 son mujeres.

Estas denuncias se producen en medio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado, según organizaciones humanitarias, entre 317 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de los 80, también bajo la administración de Ortega, que reconoce 198 víctimas

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que consiste en la “criminalización de manifestantes”, frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.