Desalojan a 300 familias de tierras invadidas en Nicaragua tras protestas

Al menos 300 familias que mantenían ocupadas propiedades de forma ilegal en el municipio de San Marcos, departamento de Carazo (sur), en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril pasado, fueron desalojados hoy por la Policía Nacional.

Las familias, que habían construido viviendas precarias, fueron desalojados este sábado de una propiedad de 10 manzanas de tierra (unas 7,5 hectáreas) tras tres meses de ocupación, según informaron los mismos afectados.

El asentamiento había sido bautizado con el nombre de “Germán Pomares”, en honor a un fallecido guerrillero sandinista que luchó contra la dictadura de los Somoza, a la que derrocaron el 19 de julio de 1979.

Uno de los afectados dijo que creían que esos terrenos pertenecían al Estado y, como se identificaron como sandinistas, pensaron que el Gobierno les ayudaría a legalizar esas tierras.

Las autoridades no confirmaron la cantidad de familias desalojadas ni si se trata de un nuevo desalojo específico o si devolverán todas las tierras a sus dueños.

Hasta el 12 de octubre pasado, un total de 7.112 manzanas de tierras (5.014 hectáreas), en su mayoría para uso agrícola, permanecían tomadas de forma ilegal en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

Upanic viene denunciando las tomas de tierras en diversos departamentos del país desde el pasado 1 de junio y ha exigido a la Policía Nacional y al Ejército que intervengan a través de planes de seguridad preestablecidos.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) ha exigido el cese inmediato de las tomas de tierra de forma ilegal a nivel nacional y ha denunciado el incremento sin control de personas inescrupulosas que al margen de la Ley violentan las propiedades privadas en este país.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que tras las protestas hay un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.