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Detenida la cúpula del grupo de seguridad Esabe

Se les acusa de varios delitos relacionados con su actividad económica, y por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.

Eldiario.es ya denunció las deudas que la empresa mantenía con los trabajadores, la Seguridad Social y Hacienda.

La cúpula directiva de la empresa de vigilancia y limpieza Esabe, deudora de salarios de miles de trabajadores en toda España según ya denunció eldiario.es, ha sido detenida por la Policía Nacional, que mantiene la operación bajo secreto pues algunos detenidos se encuentraban aún declarado en la mañana de este jueves.

Según declaraciones de fuentes de la investigación a la agencia Efe, varias personas han sido detenidas por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social. Según trabajadores de la empresa consultados por eldiario.es, el propietario de Esabe, Juan José Prados del Pino, no se encuentra entre los detenidos.

En concreto han sido detenidas diez personas y se han llevado a cabo ocho registros en distintas sedes de la compañía principalmente en Madrid, según Efe, quien también informa de que a los detenidos se les acusa de delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social.

Uno de los vigilantes que trabajaba para Esabe, Francisco Quintero, decidió junto con otro compañero salir en la noche del miércoles a buscar por iniciativa propia a Prados del Pino, recorriendo los domicilios que a ellos les constaba de esta persona, sin éxito. Precisamente es el viernes 21 de diciembre la fecha del juicio por las nóminas impagadas de este trabajador, en el que está citada la esposa de Juan José Prados del Pino y un hijo de ambos, Javier Prados García, que este jueves está declarando en la Comisaría General de la Policía Judicial.

Los trabajadores aseguran que además de este frade de 30 millones de euros a la Seguridad Social, existen grandes cantidades de impagos a la Hacienda Pública. Quintero opina que la intervención de la Seguridad Social, y otra posible de Hacienda, “hará más difícil que los trabajadores vayamos a cobrar” a pesar de los juicios contra la empresa que se están celebrando estos días y a los que “ni tan siquiera se presentan los abogados de Esabe, porque tampoco cobran”. Francisco Quintero trabajaba como vigilante de transportes blindados, una división de Esabe que le adeuda más de 120.000 euros.

Trabajadores exigen en Madrid que Esabe les pague las nóminas. (Foto: CCOO).

Trabajadores exigen en Madrid que Esabe les pague las nóminas. (Foto: CCOO).


Quintero explica que otro de los hijos del principal responsable de Esabe, Jorge Prados, que estaba a cargo de Esabe Portugal, se encuentra en Mauritania “porque pretenden abrir allí un negocio como el que han montado aquí”.  En opinión de este trabajador, buen conocedor de la empresa, es probable que Juan José Prados del Pino se encuentre fuera de España, “en Portugal, Gibraltar o Mauritania”.

El principal cliente de Esabe ha sido durante años la Administración Pública. Ante los repetidos impagos de las nóminas, empleados de limpieza y de seguridad se han puesto en huelga y han visibilizado con manifestaciones y concentraciones en sus centros de trabajo en los últimos meses.

Para Roberto Tornamira, secretario general de la Federacion de Servicios de UGT en Madrid, el sindicato mayoritario en Esabe, "el señor Rajoy tendrá que explicar porqué el ministerio de la señora Báñez ha seguido contratando a esta empresa, al igual que la Comunidad de Madrid, pues se trata de una empresa pirata y fraudulenta que no paga a sus trabajadores, como viene denunciando UGT en la Inspección de Trabajo desde hace un año". "Nosotros creemos, aunque no tenemos constancia, que el Juzgado 37 de Madrid se interesa por este casi a partir del suicidio de un trabajador en Sevilla", explica Tornamira, en relación a la muerte del viglante José Reina el pasado 1 de octubre.

"La pena es que la fiscalía no haya actuado hasta que no ha habido un muerto sobre la mesa, en este país sólo se actúa cuando hay muertos" añade Roberto Tornamira, y señala que "el Estado y la Comunidad de Madrid, como principales contratadores de Esabe, deberían hacerse cargo del pago de los salarios y no la empresas que subrogan los servicios". "Nos es posible -concluye- que haya diez detenido y haya trabajadores que llevan cinco meses sin cobrar".

La actual Esabe Vigilancia SA, así como Sequor y Terral Wind, son empresas herederas del Grupo Esabe original, un entramado de compañías creado por José Luis Aguirre de Retes. Esta persona es desde septiembre de 2012 administrador único de Holland Security Investment SL, la matriz de las diversas divisiones actuales de Esabe.

Manuel García Jurado, empleado de Esabe y delegado sindical de UGT, recibe de manera positiva las detenciones de "los testaferros de Esabe" pero declara, con amargura en la voz, que "las podrían haber hecho un poquito antes" ya que, a pesar de las repetidas denuncias, "ni el Ministerio de Trabajo ni nadie ha embargado cuentas para que los trabajadores pudiéramos cobrar, el dueño de la empresa no tiene nada a su nombre y a los trabajadores nos espera el Fogasa dentro de un par de años y luego cobrar el paro, si es que no nos quitan eso también".

Jurado coincide con Tornamira en que el mismo empeño en denunciar a Esabe debe realizarse con Sequor pues "son los mismos". "La intención de Esabe era pasar todos sus servicios a Sequor pero desde los sindicatos lo hemos ido parando y no les hemos dejado", añade. Aunque, a pesar de este esfuerzo, aún hay vigilantes con uniformes de Esabe pero "sin empresa" que se ven obligados a seguir acudiendo a sus puestos de trabajo cada día y hasta el 31 de diciembre, cuando llegue la subrogación.

La Asociación Profesional de Compañías de Privadas de Servicios de Seguridad, Aproser, que reúne a un 75 por ciento del sector, ha emitido un comunicado que señala el "destacado factor de competencia desleal" de Esabe frente al resto de empresas del sector que "se han visto privadas de no pocas contrataciones, en particular, en el ámbito de las distintas Administraciones Públicas". Roberto Tornamira ha explicado a eldiario.es que la Comunidad de Madrid ha permitido esa situación de competencia desleal al otorgar concursos al precio más bajo, sin tener en cuanta la solvencia u otros criterios, con unos costes por debajo de los salariales.


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