Detenidos en La Línea por la construcción ilegal de catorce viviendas

La Policía Nacional ha detenido a dieciséis personas en La Línea de la Concepción (Cádiz) por la construcción de catorce viviendas unifamiliares en parcelas ubicadas en una zona agraria de especial protección.

Según ha detallado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, los detenidos están considerados los autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

La investigación ha sido realizada junto a la Fiscalía de Medio Ambiente y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de La Línea para tomar medidas orientadas a devolver la zona afectada a la legalidad.

Se inició tras tener conocimiento de la proliferación de viviendas de reciente construcción asentadas en terrenos no urbanizables y de especial protección agrícola, ubicadas en la zona conocida como El Zabal.

Los propietarios o moradores de las viviendas eran objeto de interés policial por sus presuntas vinculaciones con el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar.

Habían edificado los inmuebles haciendo caso omiso a toda advertencia por parte de las autoridades en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento de La Línea.

Además de la propia vivienda se habían construido zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que denotan un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados por sus moradores o propietarios.

Los investigadores comprobaron que los distintos propietarios, de común acuerdo, dividieron un terreno de especial protección agraria en parcelas amuralladas de unos 800 metros y comenzaron a construir sus chalets, sin atender a las distintas advertencias sobre la ilegalidad de dichas obras que recibieron por parte de las autoridades competentes.

Las viviendas investigadas son de reciente construcción, de menos de dos años de antigüedad.

Durante la inspección de los catorce inmuebles investigados los agentes procedieron a la identificación y detención de los dieciséis propietarios como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

En el transcurso de la investigación también se ha podido comprobar que los detenidos, para conseguir la parcelación del terreno rústico, habían creado supuestamente dos sociedades instrumentales o empresas pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal.

Según la documentación analizada, cada uno pagó solo 2.000 euros por parcela.