Detenidos 4 búlgaros por hacer trabajar a compatriotas 15 horas por 3 euros

La Policía Nacional ha desarticulado una organización de búlgaros que explotaba a compatriotas, a los que captaban en su país y obligaban a trabajar en fincas agrícolas de Villarrobledo (Albacete) durante 15 horas sin descanso y por un salario de 3 euros, para pagar la deuda que contraían con el grupo.

En la operación, que han desarrollado agentes de la Brigada Nacional contra la Trata de Seres Humanos y de la Brigada de Extranjería de Albacete, en colaboración con la Inspección de Trabajo, han sido detenidos cuatro integrantes de la red y han sido liberadas seis personas, todos de nacionalidad búlgara, ha informado hoy en una nota la Dirección General de la Policía.

A los cuatro integrantes de la red de explotación se les imputan los delitos de trata de seres y humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Captaban a las víctimas en su país y las traían a España bajo la promesa de trabajar ocho horas diarias por un salario de 45 euros, unas condiciones que en su país serían “impensables”, según la Policía Nacional.

Una vez en España, se encontraban con una deuda impagable que crecía exponencialmente, y su salario quedaba reducido a unos 3 euros diarios por trabajar desde las 5.00 hasta las 20.00 horas, sin descanso y sin poder parar ni para comer.

Además, eran “duramente golpeadas” si se rebelaban ante las condiciones de trabajo impuestas o llegaban incluso a pagar 50 de euros si algún día no podían acudir a trabajar por estar enfermos.

Las investigaciones comenzaron tras la información que un ciudadano de origen búlgaro, que logró escapar de la organización, trasladó al Agregado de Interior de Bulgaria en España.

Las víctimas de estos abusos laborales eran acompañados cada quince días por miembros de la organización para cobrar a través de un cheque sus salarios, que eran sustraídos por los explotadores con el fin de saldar la deuda contraída por la preparación de su viaje a España, que resultaba “casi impagable”.

La deuda iba creciendo continuamente ya que los trabajadores tenían que abonar gastos de alojamiento (60 euros al mes), el transporte diario hasta la explotación agrícola (5 euros diarios), la manutención (20 euros semanales) u otras cantidades con la excusa de que la banda se encargaba de regularizar su situación legal en España, por lo que además les retiraba su documentación.

La organización conseguía captar a estos trabajadores en su país de origen debido a la precaria situación económica en la que se encontraban y a las ofertas de trabajo “tan ventajosas que resultaban casi imposibles de rechazar”.

De esta manera, “se veían empujados a abandonar su país en busca de un futuro mejor para sus familias” y, a cambio, se comprometían a devolver a la organización el dinero que ésta adelantaba para correr con todos los gastos de su viaje hasta España, donde se encontraban con una realidad muy distinta a lo que les habían prometido.