Diálogo, justicia y democracia, claves en la crisis de Nicaragua, afirma el obispo Silvio Báez

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, uno de los más influyentes de Nicaragua, afirmó este lunes que la solución a la profunda crisis que vive su país debe ser guiada por el ideal del “diálogo, la justicia y la democratización”.

“En el camino hacia la solución de la crisis nacional hay que dar todos los pasos posibles para conseguir mínimos importantes y necesarios, aunque sean limitados y aún ambiguos. Pero estos tienen que ser guiados siempre por el máximo del ideal: diálogo, justicia, democratización”, dijo el religioso, en sus redes sociales.

Báez, un crítico del Gobierno de Daniel Ortega, se pronunció luego de varias semanas sin referirse al tema, en medio del revuelo que ha causado un encuentro entre el presidente y algunos de los empresarios más acaudalados de Nicaragua para un posible reinicio del diálogo nacional con el objetivo de poner fin a la crisis.

Horas antes el obispo había advertido que “no puede haber diálogo si hay presos políticos”, en referencia a cientos de nicaragüenses que han sido encarcelados en los últimos 10 meses por participar en protestas antigubernamentales o alzar la bandera nacional de Nicaragua.

La reunión entre mandatario y los empresarios, ocurrida el pasado sábado, ha causado polémica porque representan a los dos actores de la llamada “asociación público privada” que permitió a Ortega extenderse en el poder y sectores sociales temen que un diálogo entre ambas partes se traducirá en una vuelta a las condiciones previas al estallido social de abril pasado.

El diálogo, justicia y democratización referidas por Báez coinciden con los reclamos de diversos sectores de la sociedad nicaragüense que exigen la salida de Ortega por la vía pacífica, que los responsables de crímenes en la crisis sean juzgados, y que Nicaragua retome el camino hacia la democracia.

Los mismos sectores sociales han advertido la necesidad de un diálogo “sin presos políticos” y con la garantía del respeto a las libertades públicas.

La crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

La CIDH también ha señalado que el Gobierno de Nicaragua ha podido incurrir en crímenes “de lesa humanidad” durante la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado fallido”.