Diecisiete fórmulas de gestión sanitaria en busca de la sostenibilidad

Prácticamente todas las comunidades autónomas han puesto en marcha algún tipo de fórmula de gestión sanitaria distinta a la pública, haciendo uso de sus competencias y con la pretensión de hacer más eficiente el sistema y lograr su sostenibilidad futura.

Algunas de esas iniciativas han provocado el rechazo de ciudadanos y profesionales ante el temor de que se tratase de una privatización encubierta del Sistema Nacional de Salud, uno de los servicios mejor valorados por la sociedad.

En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, las protestas sociales, conocidas como “mareas blancas”, y varios reveses judiciales, han logrado paralizar el plan del presidente madrileño, Ignacio González, de externalizar la gestión de seis hospitales.

Aunque en todas las comunidades la gestión directa es predominante, también existen fórmulas de gestión indirecta o subcontratación que, en la mayoría de los casos, están dirigidas a la prestación de pruebas diagnósticas o a servicios auxiliares (catering, lavandería, mantenimiento, limpieza o seguridad).

Algunas regiones han ensayado con financiación privada, con concesiones administrativas a una empresa para la prestación sanitaria.

En otros casos, el experimento consiste en la financiación privada clásica para construir hospitales.

A pesar de la decisión del Gobierno madrileño de paralizar la privatización, en esta comunidad hay tres hospitales públicos (Valdemoro, Torrejón y el Rey Juan Carlos, de Móstoles) que funcionan con un régimen de gestión privada, así como el futuro hospital de Collado Villalba, construido pero no inaugurado.

Otros dos centros (Alcorcón y Fuenlabrada) son fundaciones, mientras que la Fundación Jiménez Díaz es un hospital público de referencia a través de un concierto y tiene un área para pacientes privados.

La Comunidad Valenciana fue la pionera en aplicar la gestión indirecta en los hospitales.

Así, el de La Ribera, en Alzira, que abrió sus puertas en 1999, se convirtió en el primer hospital público gestionado por un grupo de empresas bajo la modalidad de concesión administrativa, una fórmula que consiste en que la administración paga a la concesionaria una cantidad anual fija por habitante adscritos a su área.

Bajo esta fórmula funcionan ocho hospitales en España, cinco de ellos en esta comunidad (Torrevieja, Elche, Denia, Manises y Alzira) y los tres de Madrid.

Desde 2003 se aplica también la gestión indirecta a la atención primaria del área de esos hospitales, que afecta a cien centros de salud.

Cataluña sigue el modelo mixto desde que se creó, hace 30 años, el Instituto Catalán de Salud, que gestiona la red pública de hospitales, que incluye algunos gestionados por fundaciones privadas, como el de Sant Pau, y en la que colaboran “muchos” hospitales privados, ha explicado el departamento de Salud de la Generalitat.

Hace un año las protestas hicieron que se echase atrás un concurso para privatizar la gestión del ambulatorio de L'Escala (Girona).

A pesar de las continuas referencias del PP a que Andalucía lleva utilizando fórmulas de colaboración público-privada desde hace décadas, la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ha asegurado que los 47 hospitales y 1.500 centros de salud de la comunidad tienen una gestión plenamente pública y sólo el 3,6 % de los servicios sanitarios están concertados para servicios concretos como diálisis, enfermos crónicos o alguna cirugía.

Aragón tampoco ha privatizado ninguno de sus servicios aunque, desde hace años, también recurre a acuerdos con clínicas privadas para determinadas pruebas con el fin de reducir las listas de espera, según fuentes sanitarias de esta región.

En Castilla-La Mancha está pendiente de salir a concurso la construcción del nuevo hospital de Toledo, en el que se incluirán también servicios no sanitarios.

En mayo del pasado año, la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, dio marcha atrás en su decisión de privatizar la gestión de cuatro hospitales comarcales (Villarrobledo, Manzanares, Tomelloso y Almansa), con el argumento de que la mejora en la gestión y la reducción del déficit hacían innecesaria la medida.

En Galicia, en el área de Vigo, la más poblada, hay un concierto con una clínica privada para la prestación del servicio por la insuficiencia de camas en la zona.

Para paliar esta situación, se está construyendo un hospital por el método PFI (financiación público-privada), lo que genera numerosas críticas por entender que se trata de una privatización.

También en el País Vasco se recurre a la fórmula de la concertación para hacer frente a aumentos puntuales de las demoras en listas de espera o a picos de demanda, han informado fuentes del Gobierno vasco.

El Gobierno de Baleares permite, desde julio, integrar los hospitales privados sin ánimo de lucro a la Red Hospitalaria Pública.

Esta comunidad no ha privatizado ningún servicio, aunque existe un modelo mixto en el hospital de referencia, el Son Espases, por el cual los servicios no asistenciales son gestionados por la empresa concesionaria, y este año se pondrá en marcha el nuevo hospital Can Misses (Ibiza) siguiendo esta fórmula.

En Extremadura también hay conciertos de algunos de los 14 hospitales públicos con la sanidad privada en algunos servicios, todos ellos puestos en marcha por gobiernos anteriores.

En Murcia, solo están externalizados servicios no sanitarios en los diez hospitales de la red, aunque funciona un concierto con la sanidad privada para agilizar la asistencia.

También Canarias concierta con el sector privado, al igual que La Rioja, que tiene externalizados algunos servicios con empresas privadas.

En Asturias, los ocho hospitales de la red son públicos y el Ejecutivo no baraja ninguna otra fórmula, al igual que en Castilla y León.

En Navarra, la principal polémica se ha producido en el servicio de cocinas hospitalarias, adjudicado a una empresa que ha recibido cientos de reclamaciones por deficiencias y que, de momento, se han saldado con la apertura de tres expedientes.

En Cantabria, la gestión es pública, con la excepción del contrato colaboración para terminar el Hospital Valdecilla.

En Ceuta y Melilla, las competencias sanitarias dependen del Gobierno central y son gestionadas a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).