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El PP confirma que la reforma electoral busca anular los “pactos ocultos” de la izquierda

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en una intervención en el Congreso

Carmen Moraga

“Golpe de Estado municipal”, “pucherazo en toda la regla”, “miedo a perder el poder”, “quieren imponer una autocracia”... La oposición en bloque ha descalificado este martes en el seno de la Diputación Permanente la pretensión de Rajoy de aprobar en solitario una reforma de la ley electoral para que gobierne en las municipales el cabeza de la lista más votada. Todos los grupos han exigido que Rajoy comparezca de forma urgente en el Congreso para explicar el contenido de una medida cuyos términos aún nadie conoce pero que se ha convertido en la polémica del verano. El PP se ha negado a que el presidente venga a la Cámara. Pero su portavoz, Pedro Gómez de la Serna, ha adelantado que “quizás” a primeros de septiembre el Gobierno traerá el proyecto al Congreso.

La comparecencia de Rajoy ha sido pedida por el PSOE y la Izquierda Plural y ha contado con el respaldo de los demás grupos de la oposición. Pero los conservadores la han vetado escudándose en que no tiene “fundamento” porque “ningún miembro del Gobierno se ha manifestado de manera clara”, lo que ha provocado las risas de los diputados.

Lo único que han dejado caer algunos dirigentes del PP, como el portavoz Alfonso Alonso, es que podría gobernar el partido que lograra un 40% de los votos -lo que automáticamente significaría obtener la mayoría absoluta- y se distanciara de la siguiente lista en cinco puntos porcentuales. Ante de empezar la reunión de la Diputación Permanente, Alonso ha acusado a los socialistas de oponerse a la iniciativa porque concurren a las próximas elecciones con “mentalidad de perdedor”.

En su intervención, el portavoz popular, Pedro Gómez de la Serna, se ha mostrado “estupefacto” por las “descalificaciones” con las que han recibido la propuesta los grupos de la oposición “sin conocerla”. De la Serna ha asegurado que cuando el PP lleve “la fórmula” al Congreso, “quizás en septiembre”, quedará “abierta a la negociación” de todos los grupos. Según ha explicado, la idea es “asegurar la gobernabilidad” de los ayuntamientos y garantizar “que gobierne quien gane y no quienes han perdido las elecciones”.

De esta manera, ha dicho, se evitarán “pactos ocultos” que los conservadores creen que ya preparan los partidos de izquierda para descabalgarles del poder. De la Serna también ha retado a los socialistas a que expliquen por qué llevaban esta propuesta en su programa hace años y ahora la rechazan.

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El chaparrón de criticas lo ha iniciado Cayo Lara. El portavoz de la Izquierda Plural ha asegurado que “no es presentable” que un tema de tanta envergadura se anuncie “como serpiente de verano” en todas partes menos en el Parlamento, que es donde debería debatirse.

A su juicio, lo único que pretende el PP es “blindarse el poder” en aquellos municipios donde no logre la mayoría absoluta. Después de tildar de “pucherazo” la intención de Rajoy, preguntó, irónico, al PP: “¿piensan también suprimir las mociónes de censura?”.

Soraya Rodriguez, en nombre del PSOE, también ha afeado al PP su intento de hacer “una maniobra política” ante la presiones de los dirigentes territoriales del partido que ven peligrar su continuidad en el poder. “Ustedes no pretende la elección directa de alcaldes porque los seguirándesignando los concejales, sólo que a los grupos que obtengan el 40% se les dará un ”plus“ injustificado para que alcancen la mayoría absoluta”, ha sentenciado la socialista.

La reforma tampoco ha recibido el beneplácito del PNV. Aitor Esteban, su portavoz, ha considerado que este debate habría que abordarlo lejos de la fecha de unas elecciones, no en su víspera, mientras se sumaba a la petición de comparecencia de Rajoy.

Por su parte, Rosa Díez, portavoz de UPyD, que dijo “no querer entrar a hacer juicios de intenciones” sobre los motivos del PP para traer ahora la reforma, se centró en las recomendaciones del Consejo de Europa que incluyen no plantear estos cambios a más de un año de la celebración unas elecciones y a hacerlas con el consenso de los demás grupos parlamentarios. Basándose en estas dos premisas, Díez sentenció que “no se puede y no se debe hacer”.

El menos beligerante fue Josep Sánchez-Llibre, portavoz de CiU, que se ha limitado a reprochar al PP “la forma” de plantear la reforma. CiU está a favor de que se cambie la LOREG para aprobar las listas abiertas y elegir directamente a los alclades pero ha pedido a Rajoy que acuda a explicar cuál es su propuesta.

Desde el Grupo Mixto, sus dos portavoces, Alfred Boch, de ERC y Joan Iñarritu consideraron la reforma como “pucherazo oportunista”, “insensatez en términos democráticos” y como una “estrategia trampa para aferrarse al poder”. El republicano Bosch, que opta a la alcaldía de Barcelona, matizó que pese a que su partido les favorecería, la rechazan porque lo contrario sería apoya una “autarquía” del “partido único”.

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