Diputados paraguayos tramitan juicio político de la fiscal general del Estado

Un grupo de diputados paraguayos de la oposición solicitó este lunes a la Cámara Baja el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de sus funciones a lo largo de los últimos tres años.

La petición fue presentada por el diputado Edgar Acosta, del Partido Liberal, primera fuerza opositora, el gestor del proyecto junto con otros ocho miembros de partidos minoritarios de la Cámara Baja.

La última acción cuestionada a Quiñónez se refiere a un presunto tráfico de influencias por su parte para que un empresario hiciera la cuarentena por el COVID-19 en su casa tras regresar en abril pasado de EE.UU, y no en el lugar comunitario asignado al resto de las personas del mismo vuelo.

La conducta de Quiñónez “ha constituido un escándalo grosero por haber utilizado indebidamente su cargo, extralimitándose en sus funciones para favorecer intereses particulares”, señala el texto de la petición.

Añade que con ello se ha transgredido el principio de igualdad de los ciudadanos, además de violar su rol de proteger a la población de riesgos o contagios del COVID-19, “sabiendo las repercusiones mundiales de la enfermedad, más aún del país de donde provenía el vuelo”.

“Su poder y autoridad lo utilizó para violar las reglas de la cuarentena, favoreciendo a un persona y exponiendo a más de 7 millones de paraguayos”, observa el documento.

Quiñónez igualmente está señalada por la falta de resultado de la Fiscalía en los procesos judiciales derivados del fracasado proyecto vial Metrobus, “habiendo transcurrido casi dos años de la paralización de las obras”.

El Metrobús pretendía transformar la movilidad entre Asunción y su área metropolitana a través de un sistema de transporte público basado en autobuses rápidos de alta capacidad para descongestionar el tráfico.

Las obras comenzaron durante la gestión del presidente Horacio Cartes (2013-2018) y fueron paralizadas pocos meses de la llegada de su sucesor, Mario Abdo Benítez, dando lugar a acciones judiciales entre el Gobierno y la constructora portuguesa Mota-Engil.

“No han verificado indicios que conduzcan a sostener el interés de la Fiscalía por aclarar el caso, investigar y acusar a los responsables por el fracaso de la emblemática obra”, observa el texto.