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Diputados aceptan la renuncia del contralor general paraguayo juzgado en el Senado
La Cámara Baja paraguaya aceptó este jueves por unanimidad la renuncia presentada un día antes por el contralor general, Enrique García, mientras era sometido a un juicio político en el Senado por “mal desempeño” en sus funciones y presuntas prácticas corruptas.
La renuncia fue aceptada en sesión extraordinaria y posteriormente los diputados tomaron juramento al sustituto de García, el hasta la fecha subcontralor general, Camilo Benítez.
El juicio político contra García se inició en el Senado a comienzos de mes, enmarcado en las negociaciones dentro de lo grupos políticos sobre si apoyar o no su separación del cargo, salida que apoyada públicamente por el propio presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.
Minutos antes de que los senadores votaran sobre su destitución, el contralor general presentó su renuncia, que fue anunciada por el presidente de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, quien suspendió la sesión sin proceder a la votación.
Durante el proceso político, la acusación ejercida por la Cámara Baja culpó a García de “mal desempeño” en sus funciones como contralor general por haber incurrido en la producción de documentos falsos, tráfico de influencias y asignaciones irregulares de viajes y contrataciones, lo que comporta una “pérdida de confianza” en García, que justificaba su destitución.
La defensa del contralor alegó falta de pruebas a esas acusaciones, aunque por parte de los acusadores aseguraron que no eran necesarias al tratarse de un juicio político y no penal.
García, que fue nombrado en 2016 y su mandato se debía extender hasta 2021, fue acusado también de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de su cargo, así como de haber incurrido en lavado de dinero, evasión fiscal y declaración falsa sobre su patrimonio.
El contralor negó esas acusaciones, que los diputados sustentaron en presuntos movimientos de cuentas bancarias hechos por García entre 2012 y 2017 que no se correspondían con su salario mientras era servidor público, y que fueron desvelados por un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Ese informe fue trasladado a la Fiscalía que inició una investigación contra García, suspendida por la Cámara de Apelaciones mientras no fuese desposeído de su cargo, por lo que una vez aceptada su renuncia podría volver a abrir el caso.
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