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Dolors Montserrat: “no permitiremos que se usen instituciones de la UE para romper España”

Dolors Montserrat: "no permitiremos que se usen instituciones de la UE para romper España"

EFE

Estrasburgo (Francia) —

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La eurodiputada popular Dolors Montserrat, nueva presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, asegura que no permitirá que el independentismo use este órgano para “romper España” y asegura que desde este cargo continuará defendiendo el Estado de Derecho de la UE y en España.

En una entrevista con Efe, la eurodiputada española, que afronta en su primera legislatura la presidencia de la Comisión de Peticiones, subrayó que el movimiento independentista “se equivoca” al llevar sus reclamaciones a este órgano del PE.

“En la Comisión de Peticiones tenemos potestad y legitimidad para velar sobre la legislación europea. Los políticos independentistas catalanes lo que han hecho es un golpe al Estado en España”, señaló Montserrat.

“Esto no es competencia de la Comisión de Peticiones, por tanto se equivocan: en el único sitio donde tienen que estar los políticos independentistas catalanes es ante la Justicia española”, añadió.

La número uno de la lista popular a las elecciones europeas del pasado 26 de mayo se mostró convencida de que los partidos constitucionalistas con representación en la Eurocámara seguirán siendo “el freno al populismo, al independentismo, a esos partidos que no creen en Europa pero que tampoco creen en España”.

“No vamos a permitir que se utilicen las instituciones europeas para romper España, vulnerar el Estado de Derecho de España y también por tanto para romper Europa”, señaló Montserrat.

Cualquier ciudadano puede dirigirse a la Comisión de Peticiones para presentar su queja si considera que una Administración de su país ha vulnerado la legislación europea.

En el caso de que la Comisión de Peticiones admita a trámite la petición, el procedimiento es escuchar al peticionario y a la Comisión Europea, y después emitir su valoración y propuestas de acción, que en cualquier caso no son vinculantes.

Los coordinadores de los grupos políticos son quienes deciden si se admite o no a trámite una petición.

En enero de 2018, unos meses después del referéndum unilateral de independencia promovido por el Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont, esta comisión desestimó más de 50 peticiones ciudadanas relacionadas con Cataluña, que reclamaban desde respeto por la democracia en la comunidad autónoma hasta que se sancionase a España por ruptura de valores básicos de la UE.

Los votos de populares, socialdemócratas, liberales y reformistas europeos las llevaron a ser desestimadas, con el argumento de que versaban sobre asuntos que no eran de competencia comunitaria.

“Como defensores de la UE y de nuestra Constitución, también desde la Comisión de Peticiones vamos a continuar defendiendo el Estado de Derecho de la UE y España”, subrayó Montserrat.

Más allá de las peticiones relacionadas con Cataluña, los ciudadanos españoles son con diferencia los que más temas plantean a esta comisión en busca de una respuesta de las instituciones comunitarias: hasta un 60 % de los temas que se tratan en ella proceden de España, según el Partido Popular.

Montserrat achaca este hecho a que los españoles están entre los ciudadanos más europeístas y a que Europa forma parte de muchos aspectos cotidianos para la población.

“Los españoles somos gente batalladora, nos gusta ser escuchados y creemos en las instituciones europeas, por tanto por ello suponemos el 60 % de las peticiones, quejas e iniciativas que presentamos en el Parlamento Europeo”, afirmó la eurodiputada popular.

Dolors Montserrat definió la Comisión de Peticiones como “la puerta de entrada de todos los españoles y europeos a hacer una queja de algo que consideren que no funciona bien de la legislación europea, de la no aplicación de la legislación europea en España o también para llevar iniciativas nuevas positivas que pueda hacer el Parlamento”.

Además, animó a los españoles a seguir llevando peticiones a la Eurocámara a través de esta comisión, que la legislatura pasada escuchó reclamaciones sobre el estado de las cuencas de los ríos Ebro y Tajo, la politización de la radiotelevisión pública española o los asesinatos de la banda terrorista ETA que aún están pendientes de resolverse, entre otros.

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