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Duterte pide a los Estados que se salgan de la Corte Penal Internacional

Duterte pide a los Estados que se salgan de la Corte Penal Internacional

EFE

Manila —

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El presidente filipino, Rodrigo Duterte, pidió hoy a los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que se salgan de este tribunal, parte de su campaña contra esta institución por querer investigar la “guerra antidroga” en Filipinas.

“Voy a convencer a todos los que han firmado el tratado de la CPI. ¡Saliros!”, dijo el mandatario durante un acto de graduación en la Academia Militar de Filipinas situada en Baguio, población a situada a 204 kilómetros al norte de Manila, según la cadena de televisión ABS-CBN.

El llamamiento del polémico presidente filipino surge la misma semana en la que anunció que “Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma”.

El Estatuto de Roma es el instrumento por el cual se constituyó la CPI en 1998 y cuyos 123 miembros actuales incluyen a la mayoría de las naciones de Europa, América y África.

Estados Unidos y Rusia se retiraron años después de haberlo firmado, mientras China, India y la mayoría de las naciones de Asia nunca llegó a ratificarlo.

El presidente de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI, O-Gon Kwon, pidió a Filipinas el viernes pasado que reconsidere la decisión, al tiempo que advertía de que la pérdida de un miembro tendrá un impacto negativo en el esfuerzo colectivo para combatir la impunidad.

“Todos los Estados miembros tienen la oportunidad de presentar sus preocupaciones ante la Asamblea. Hago un llamamiento a las autoridades de Filipinas para que abran el diálogo en este sentido”, dijo el magistrado surcoreano.

Un filipino presentó como particular en la CPI en abril de 2017 un recurso para procesar a Duterte por “asesinatos masivos” durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y como jefe de Estado a través de su campaña contra los narcotraficantes y las drogas.

Más de 7.000 supuestos traficantes y drogadictos han muerto desde que empezó la campaña, el mismo día de la investidura, el 30 de junio de 2016.

El pasado 8 de febrero, la CPI inició un análisis preliminar para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales en la “guerra contra las drogas” con el fin de determinar si existe o no base suficiente para abrir una investigación.

Desde entonces, Duterte había amenazado con retirar al país del tribunal y ha criticado a los relatores de la ONU sobre derechos humanos, además de amenazarlos con lanzarlos “a los cocodrilos” o, en el caso de la francesa Agnes Callamard, asignada a Filipinas, con “abofetear”.

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