ERC insistirá en reclamar el uso de las lenguas oficiales en toda España y critica el veto del Gobierno

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, ha criticado el veto del Gobierno a su proposición de ley para reconocer el uso de las lenguas cooficiales en toda España y ha anunciado que insistirá en el empeño con otra iniciativa que pueda salvar los obstáculos del Ejecutivo para que se debata en septiembre.

Se trata de una ley con la que ERC pretendía que el catalán, el valenciano, el euskera, el gallego y occitano fuera considerados oficiales en todo el territorio español y no sólo en las comunidades donde se utilizan.

A partir de ahí reclamaban que las lenguas cooficiales fueran consideradas requisito para los puestos públicos, que se obligue al etiquetado en todas las lenguas, que los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración con cualquiera de esos idiomas y que toda la documentación oficial (DNI, pasaporte, etcétera) figuren las distintas lenguas.

La iniciativa legislativa ha quedado bloqueada en el Congreso, ya que el Gobierno, haciendo uso de la capacidad que le otorga la Constitución, no ha dado su conformidad alegando que su aplicación costaría más de 2.500 millones al año sólo en traductores. El escrito de veto pasó este martes por la Mesa del Congreso, que ha aceptado el escrito del Ejecutivo y, en consecuencia, ha detenido su tramitación.

35.000 EUROS AL AÑO POR TRADUCTOR

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno parte de la base de que en la Administración los traductores tienen un salario mensual de 2.614,56 euros, lo que supone un coste anual de 35.061,94 euros. A ello añade otros 100 millones al año de costes informáticos para apoyar su tarea.

A partir de ahí, lo que debería destinar cada Ministerio para hacer efectiva esa demanda de ERC. Así, en Exteriores se necesitarían 68,16 millones para contratar en cada embajada traductores de catalán, euskera, gallego, valenciano e incluso occitano.

En la administración de Justicia, el Gobierno indica que precisaría de 737,56 millones al año para disponer de traductores en cada unidad judicial, más otros 290,17 millones para los registros civiles.

EN COMISARÍAS, CUARTELILLOS, REGISTROS CIVILES, ETC

Interior añade otros 940,78 ,millones para servicios de traducción en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil, mientras que Fomento calcula 3,26 y 6,55 millones para ese personal extra en unidades periféricas del Ministerios, oficinas de Adif, Renfe y Puertos del Estado.

El escrito habla también de 15,78 millones para la Administración periférica del Estado dependiente de Administraciones Territoriales, y de 39,52 millones para contar con 1.127 traductores en oficinas del Ministerio de Economía.

En rueda de prensa en el Congreso, Tardà ha cuestionado ese estudio “exhaustivo” del Gobierno con tantas cifras, pues considera que a estas alturas ya debe de haber funcionarios capaces de traducir sin necesidad de contratar personal. “Parece una 'boutade', no han entendido nada”, se ha quejado.

En todo caso, ha querido dejar claro que ERC seguirá con sus planes y que presentará otra iniciativa legislativa que permita sortear el veto del Gobierno para que se pueda debatir en el segundo semestre, preferiblemente en septiembre. Además, incluirá sus reclamaciones cuando se discutan iniciativas similares, como una que anunció en su día el Grupo Socialista.