Un responsable de Economía de la Junta de Castilla y León asegura que contactó con Unifica a través de la promotora del Perla Negra
El coordinador de servicios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Machota, aseguró en su testifical ante el juzgado de instrucción que investiga el sobrecoste del edificio conocido como Perla Negra, que fue Urban Proyecta PM3, la promotora, quien le puso en contacto con Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que remodeló en negro la sede del PP en la calle Génova, y que percibió 4,4 millones de la Junta sin que mediase concurso alguno.
De esta manera, Machota ha confirmado la connivencia existente entre ambas empresas, pero también la permisividad o el conocimiento de la Junta de Castilla y León, que le puso a él al frente de las gestiones para que Unifica Servicios Integrales colocase mamparas para dividir interiormente un edificio por el que, según la Intervención General de la Administración del Estado, se pagaron más de 70 millones de euros a pesar de que se firmó un contrato por importe de 52.
El coordinador de Economía se ha definido a sí mismo como un “recadero jefe”, que conoció a una de las responsables de Unifica, Belén García, en una visita que esta hizo a la Junta en compañía de uno de los socios de Urban Proyecta, Ángel Montes. A pesar de lo inusual de la relación entre él y Unifica, y la serie de correos entre Machota y García que publicó eldiario.es, Machota aseguró que cumplía órdenes del entonces consejero delegado de Gesturcal y secretario general de Economía, Rafael Delgado. Según él, los correos electrónicos en los que indicaba a García, que iba a elaborar un informe sobre las bondades del Perla Negra, que “mejor no hablar” del edificio, o que entrase la “imaginación al poder” para referirse a los beneficios del traslado de los trabajadores a un inmueble fuera de Valladolid, “no deben malinterpretarse”.
Además, explicó que realizó el informe sobre la posible compra del edificio, por encargo de Delgado, y que estableció una horquilla de entre 60 y 72 millones de euros basándose en una tasación facilitada por Urban Proyecta. El informe se presentó al consejo de Gesturcal, la sociedad pública de gestión de suelo, en diciembre de 2008. Meses después de que Pablo Trillo, vocal de esta sociedad, alertase a Herrera de que se barajaban precios disparatados tanto de alquiler como de compra.
Con la declaración de Machota se pone de manifiesto que la Junta acabó comprando el edificio al precio que la promotora quería. Lo que nadie ha explicado aún es por qué las tasaciones que encargó la Junta de Castilla y León a Alia y a Tinsa que establecían precios máximos de 39 y 41 millones, y reveladas por este diario, se desestimaron. La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, explicó el pasado jueves tras en consejo de Gobierno, que “hubo muchas tasaciones” y que la Junta “no pagó un sólo euro de más”. También exhibió la personación de la Junta en el caso, que se produjo después de que eldiario.es publicase que Unifica cobró 4,4 millones sin concurso, y no supo definir en calidad de qué se había personado el gobierno regional. “La Junta se ha personado en calidad de personas que quieren saber lo que pasa en un procedimiento”, acertó a decir. Lo cierto es que la Junta pretendió que se abriese una “pieza separada” para que sólo fuese parte en el asunto de Unifica, petición que rechazó el juez.
La Fiscalía ha advertido que debe definir si se considera perjudicada, en cuyo caso podrá exigir indemnización, o si por el contrario pretende defenderse. Entre los imputados hay varios cargos y excargos de la Consejería de Economía. La Junta está sufragando algunas de las defensas, que ejercen los letrados del despacho Garrigues. Si se considerase perjudicada, se produciría un conflicto de intereses. En cualquier caso, si no contestan a la Fiscalía, podría acabar expulsada del procedimiento.
