Ecuador dice que no irá a las audiencias mientras la CIDH no “corrija” su actitud

El procurador general de Ecuador, Diego García Carrión, dijo hoy que el Gobierno de Rafael Correa seguirá sin enviar representantes a las audiencias de la CIDH mientras ese organismo no “corrija” su costumbre de “convocar audiencias temáticas para tratar casos específicos”.

En una entrevista con Efe, García Carrión defendió la decisión del Gobierno ecuatoriano de dejar vacío la semana pasada, por tercera vez en un año, el asiento reservado al Estado en las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra de forma bianual en Washington.

“Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más que lamentarse de que el Ecuador no venga, lo que tiene que hacer es corregir su procedimiento”, dijo el procurador general de Ecuador.

Las audiencias del 27 de octubre sobre Ecuador en la CIDH se centraron en los derechos humanos de los pueblos indígenas y la situación de la independencia judicial en ese país, pero García Carrión criticó que se utilizaron para tratar denuncias sobre casos particulares, como el plan de exploración petrolera en el Yasuní.

“Mientras haya audiencias temáticas en las que se traten casos específicos, el Ecuador no va a asistir a ese tipo de audiencias. Cuando las audiencias sean convocadas bajo el reglamento, (sean) audiencias para casos específicos, entonces vamos a asistir”, dijo.

Según el procurador, “el reglamento de la CIDH dice que las audiencias temáticas son para tratar temas generales en el país”.

“Lo que no puede hacer -sostuvo-, y es lo que ha estado haciendo la Comisión lamentablemente, es discutir sobre casos específicos, que inclusive tienen peticiones particulares en la Comisión a las que no se le da trámite, para darle trámite a audiencias temáticas que simplemente han servido para hacer un show”.

“Vienen diferentes delegaciones, se toman una foto, salen al día siguiente en los medios en el Ecuador, y sirven para exacerbar el ánimo político. Eso no es la utilidad de la Comisión Interamericana”, agregó.

Si la CIDH “quiere tratar temas específicos, lo que tiene que hacer es darle trámite a las peticiones y convocar al Estado ecuatoriano a que se pronuncie en cada una de sus peticiones”, argumentó el procurador, y aseguró que Ecuador ha expresado “reiteradamente” esa posición a la Comisión.

“Lo que el Ecuador está pidiendo -indicó- es que la Comisión se someta a los procedimientos que han sido acordados. Este si bien no es un proceso judicial, es un proceso prejudicial, porque lo que se discuta en la Comisión podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)”.

Ecuador es uno de los países más críticos con la CIDH, institución a la que acusa de estar sesgada en su contra, y pide su cambio de sede a un país que haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los instrumentos jurídicos de la Comisión, algo que Estados Unidos no ha hecho.

“Ecuador no está combatiendo al sistema para que no exista”, defendió García Carrión en referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que pertenecen tanto la CIDH como la CorteIDH.

“Está procurando -añadió- que el sistema se corrija desde adentro, por parte de los países signatarios del tratado, de manera que podamos tener un sistema que consideremos confiable y apegado al propio convenio y a las normas internacionales”.

García Carrión aseguró que Ecuador está preparado para responder si la Comisión acepta la demanda en su contra que el movimiento ecologista Yasunidos presentó la semana pasada debido a la negativa del Gobierno ecuatoriano a celebrar una consulta popular sobre la explotación petrolífera en el parque Yasuní, en la Amazonía.

“El Ecuador ha venido recolectando información respecto del proceso en el Consejo Nacional Electoral a efectos de presentarla a la Comisión en el momento oportuno, cuando el trámite del caso sea notificado al Ecuador”, aseveró.

El procurador general de Ecuador visitó Washington con el fin de presentar su libro sobre el litigio con la petrolera Occidental (Oxy) en el Centro de Derecho de la Universidad Georgetown.

Según García Carrión, un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, cometió un “error” al declararse competente de conocer el caso, algo que no podía hacer según el contrato firmado por la petrolera con el Estado ecuatoriano.

En base a ese argumento, Ecuador logró en octubre que un Comité de Anulación ratificara la suspensión de la ejecución del fallo de Ciadi que obligaba al Gobierno ecuatoriano a pagar más de 1.700 millones de dólares a Oxy por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.