Ecuador busca recuperar 35.000 millones de dólares desviados con un proyecto de ley

La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Elizabeth Cabezas, indicó hoy que el recientemente presentado proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales aspira a recuperar al menos 35.000 millones de dólares desviados del país en actividades ilícitas.

“Me he basado en la cifra que dio la Comisión Anticorrupción de 24.000 millones, aunque luego la elevó a 35.000, son cifras extremadamente importantes”, refirió hoy la representante de la Cámara ecuatoriana en un encuentro con medios internacionales.

Dicha comisión es un órgano de la sociedad civil que se estableció en los últimos años a propósito de la proliferación de casos de corrupción en distintas esferas políticas y sociales.

La iniciativa de ley ha sido uno de los objetivos declarados de Cabezas desde que asumió funciones en marzo pasado y con ella busca “empoderar a la ciudadanía para que participe activamente en la lucha contra la corrupción”.

“La ley tiene como objetivo fundamental la recuperación de capitales mediante un mecanismo de fortalecimiento de la participación ciudadana y dar al Consejo de Participación Ciudadana las herramientas que requiere para realizar su tarea”, abundó.

Cabezas advirtió no obstante, que con el proyecto “no buscamos perseguir a ciudadanos”, sino que se trata de un proceso “a la inversa” para investigar dónde se encuentran los capitales no declarados.

Para la elaboración de la ley, que en un “plazo optimista” adelanta que podría darse en unos 90 días, se ha contado con la colaboración de expertos internacionales como fiscales italianos, reveló.

También señaló que “las investigaciones periodísticas son un insumo muy importante para estos temas y podrían ser canalizadas a través de un equipo técnico”.

El proyecto fue presentado el martes en un evento en el que estuvieron presentes Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t), Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción y varios asambleístas que respaldan la propuesta.