Elcano pide reforzar la acción española en Mali por los riesgos a largo plazo

España es, después de Francia, el segundo país occidental más afectado por la crisis de Mali y, aunque a corto plazo sus intereses en el norte de África y el Sahel no corren peligro, sí a medio y largo plazo, por lo que debería revisar sus políticas y reforzar sus acciones en la región ante amenazas futuras.

Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda “Mali, frontera con España”, organizada hoy por el Real Instituto Elcano, en la que tres de sus investigadores principales han analizado el conflicto, desde sus orígenes hasta el terrorismo yihadista y las inversiones energéticas.

Todos han coincidido en la necesidad de una mayor implicación de España, cuya contribución hasta el momento se limita al envío de un avión Hércules en la operación francesa y de cincuenta instructores para el Ejército de Mali dentro de la misión europea.

“En España tenemos que empezar por preocuparnos por hacer algo”, ha afirmado Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa de Elcano, para quien el asalto de la semana pasada a una planta de gas en el sureste de Argelia “es un ejemplo de lo que puede venir”.

Ha insistido en que España debe revisar sus acciones individuales en la zona, determine riesgos, evalúe los costes y decida si está dispuesta a asumirlos.

Fernando Reinares, experto en terrorismo internacional, ha alertado de la unión del “condominio yihadista” y Al Qaeda, “un foco terrorista para Mali, el norte de África y más allá”, especialmente para Europa Occidental, aunque el grado de amenaza para los países europeos no es uniforme.

“España se encuentra particularmente afectada”, ha asegurado Reinares, que ha explicado que la hostilidad contra España en el discurso yihadista sólo es superada por las acusaciones vertidas contra Francia.

La cercanía geográfica unida al pretexto de recuperar Al-Andalus y a lo que consideran la “ocupación” de Ceuta y Melilla convierten a España en objetivo prioritario.

A ello, se suman las acciones policiales contra grupos salafistas desarrolladas en España desde mediados de los años 90, así como las reformas en materia de seguridad y coordinación terrorista adoptadas tras los atentados del 11 de marzo de 2004.

En su opinión, el Gobierno debe sopesar, “incluso al alza”, su contribución o alineamiento con Francia, dado que la cooperación francesa es estratégica en materia terrorista para España.

Distintas son las implicaciones de la crisis del Sahel en el ámbito energético. Según Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía del Real Instituto Elcano, España no tiene problemas de seguridad energética, porque sus importaciones están muy diversificadas.

El 25 por ciento del petróleo que importa España procede de Argelia, Libia y Nigeria (un 3 %, un 7 % y un 15 % respectivamente) y el 55 por ciento del gas, de Argelia y Nigeria (un 40 % y un 15 % respectivamente).

Escribano ha asegurado que a corto plazo no hay riesgo de desabastecimiento, pero ha advertido de que si el Sahel se desestabiliza, sí habrá una amenaza para la seguridad energética europea, con costes económicos importantes para España.

Aunque ha precisado que las amenazas a corto plazo son “gestionables” por las empresas españolas en la zona, ha añadido que es fundamental que España se implique con la región, porque “a largo plazo los riesgos sí son importantes”.

Al debate ha asistido la diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones, quien ha intervenido para precisar que las actuaciones aprobadas por el Gobierno español son conformes al mandato de Naciones Unidas.

Ha recalcado que España tiene el mandato de preparar y apoyar a las fuerzas africanas, pero “no de intervenir”, al tiempo que ha destacado que ha sido el primer país en responder a la solicitud de ayuda de Francia.