La abogada Elisa de la Nuez asegura que la Fundación Arpegio era “un sitio para hacer favores” dirigido por Granados

En la nueva sesión de la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de la Asamblea de Madrid, De la Nuez ha relatado que fue contratada entre mayo y diciembre de 2008 por la entonces consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, “preocupada por cómo se hacían las cosas en fundación Arpegio” y con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la fundación y “velar por la ejecución de proyectos”.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, De la Nuez ha indicado que en este lugar “no era fácil saber lo que se hacía, no había procedimiento claro de elección de proyectos y no había ningún staff profesional, solo una directora general, pero no técnicos”. “Era un sitio peculiar en cuanto a la forma de funcionamiento”, ha dicho.

La impresión de la abogada es que allí no decidía la directora general de la fundación, Carmen Plata, sino el entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, al que ha asegurado no haber visto en todo el periodo en el que trabajó.

“Ella decía que era una mandada. No había procedimiento de selección de proyectos. No sabían por qué se elegían unos y otros. Y cuál era el importe. No había capacidad de ejecución, no había técnicos, ni personal. No había unos procedimientos de contratación, de proveedores* eso no existía”, ha insistido.

De la Nuez ha enjuiciado que la fundación “transfiriera la cantidad a un proveedor privado sin haber procedimientos de contratación y proveedores” y luego, según ha añadido, no había tampoco procedimientos de seguimiento de los objetivos del proyecto y de que se había ejecutado bien.

“La fundación lo mismo valía para un roto que para un descosido. Yo tengo una fundación, tengo unos objetos fundacionales concretos y como decían que la fundación tenía un ámbito transversal, en la práctica los proyectos podían ser variopintos. No me acuerdo mucho, pero me llamó la atención una reparación de un órgano de una iglesia de un pueblo. Los proyectos eran de su padre y de su madre. No era fácil identificar una línea para identificarse estos proyectos”, ha afirmado.

La abogada ha explicado que presentó a Elorriaga un plan de trabajo para profesionalizar la fundación y se trabajó “bastante” en ella, pero a la consejera la cesaron en julio de ese año. Entonces, según ha explicado, se quedó “en tierra de nadie” durante varios meses, hasta diciembre, porque “tenía un contrato en vigor”.

“Me dieron largas y me llamó la atención que la nueva consejera (Ana Isabel Mariño) no estaba interesada en seguir prestando mis servicios. Pienso que no se interesaba ni control ni saber lo que se hacía lo de Fundación”, ha añadido.

También ha reconocido que al irse Elorriaga --que ha manifestado en varios ocasiones que ella allí “no pintaba nada”-- y teniendo en contra a la directora general de la fundación Arpegio porque no era de su confianza, se quedó sola en su trabajo de fiscalización.

De hecho, ha indicado que mantenía entonces “cierta tensión” con la directora de la fundación, Carmen Plata. Y es que, entre otras cuestiones, De la Nuez quería limitar el gasto de hasta 150.000 euros del que disponía directamente ese cargo y pasarlo a 12.000 euros, lo que es un contrato menor.

La abogada considera que en una administración pública como la Comunidad de Madrid “no tiene ningún sentido” tener fundaciones públicas. “Pero ya que existía, yo quería que tuviera el funcionamiento más adecuado para dinero público. Lo que sí salió adelante fue la instrucción de contratación de la Fundación, que era obligatoria por Ley”, ha apuntado.

Preguntado por las portavoces de Podemos y PSOE sobre contratos concretos, como un concierto en marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes, con los que supuestamente se desviaba dinero público para otros fines, ha señalado que no los recuerda pero que “no le sorprende que pasaran esas cosas porque no había un había procedimiento claro”. “Ni vi ni tampoco recuerdo. Yo no estaba entonces”, ha dicho.

“HABLABAN DEL JEFE Y LOS PROYECTOS LE VENÍAN DADOS”

De la Nuez ha recordado que ella es experta en Derecho Público y por eso no entiende los criterios que se seguía en la Fundación Arpegio para establecer proyectos. “No se sabía cuáles eran los criterios profesionales para ver cómo se hacían unos y otros. Yo creo que se decidía por el señor Granados y su entorno. No había un criterio conocido y la sensación que no eran la directora general la que tomaba las decisiones”, ha dicho. “Hablaban del jefe y la directora reconocía que los proyectos le venían dados”, ha apostillado.

Por eso, “como no había control claro del dinero que se gastaba, era completamente posible que se pudiera desviar dinero”, ha sostenido la compareciente. “Son proyectos y formas de contratación que en una Administración profesional tendrían más problemas para hacerse. No había los controles que sí hay otros sitios y con los que pudiera ponerse impedimentos. No existían. Era una institución sin controles suficientes. Si se hace una entidad con estas características no nos podemos sorprender de que ocurran estas cosas”, ha insistido.

Sobre el exdiputado popular Ramón Gómez de la Serna, que fue asesor jurídico de la fundación, ha reconocido que lo vio en algunas ocasiones, pero no a otros asesores, como el fiscal. “Yo lo que se me encargó lo intenté hacer y mandé la documentación que me parecía oportuna, como que se nombraran director de proyectos y técnicos. Pero antes de irme no se hizo nada de lo que sugerí y creo que después tampoco”, ha agregado.

“Firmaban muchos convenios y unas de mis preocupaciones era que mi fundación daba una cantidad y se olvidaban de ella. No parecía que la fundación hiciese un seguimiento de que se habían cumplido los objetivos del convenio y si se habían ejecutado bien. No me sorprende lo que pudiera pasar porque se firmaban este tipo de convenios para cosas muy variopintas”, ha proseguido.

“NO HE VISTO NADA PARECIDO EN EL SECTOR PÚBLICO”

En el mismo sentido, De la Nuez ha indicado que “no había visto nada parecido” en el sector público. “Y es normal que se generara una red clientelar. Cuando se maneja dinero público suele haber una convocatoria pública, pero me llama la atención que aquí no había concurso. Esto no eran subvenciones nominativas. No sé sabe por qué unas personas tienen acceso y otras no a esas ayudas. Yo propuso controles y la conclusión es que el acceso era a través de contratos profesionales y políticos porque no había procedimiento de concurrencia abierto”, ha dicho.

Por último, la abogada ha reconocido que tras su paso por la fundación Arpegio “sabía que podía haber irregularidades”. “Lo avisé a un medio, a la consejera y un partido política que ya no está en esta Asamblea. No tenía elementos para una denuncia legal, pero sí política”, ha concluido.