Envían a prisión preventiva a una excandidata guatemalteca por asociación ilícita

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, vinculó este miércoles a proceso penal y envió a prisión preventiva a la excandidata presidencial Sandra Julieta Torres Casanova, por la posibilidad de haber cometido los delitos de asociación ilícita y financiación electoral no registrada.

Domínguez subrayó que el proceso que se realizará en contra de Torres es por 5,9 millones de quetzales (761.132 dólares) que no registró ante el Tribunal Supremo Electoral en su calidad de secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el que compitió por la Presidencia en 2015 y en 2019.

La también ex primera dama de Guatemala (2008-2011) supuestamente consintió siete aportaciones a la campaña de 2015 y también realizó una para publicitar su propia imagen durante la segunda vuelta electoral que perdió contra el actual mandatario Jimmy Morales.

Aunque la jueza Domínguez reconoció que la investigación de la Fiscalía hablaba de unos 19 millones de quetzales (2,4 millones de dólares) y que en una de las escuchas telefónicas aportadas como pruebas Torres y el ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom hablan de un aporte de 40 millones de quetzales (5,1 millones de dólares), el caso, inicialmente, solo hará “alusión” a los 761.132 dólares que consintió y aportó Torres.

De los 300 medios de convicción aportados por la Fiscalía, Domínguez solo tomó en cuenta 22 para su análisis, debido a que en los demás “se incorporó información de personas que están pendientes de resolver su situación jurídica o ya la resolvieron”, detalló.

La defensa, en cambio, pedía que solo fueran aceptados 5 de los 300 medios de prueba, pero la jueza discrepó de esa solicitud.

La jueza también subrayó que Torres, quien perdió los balotajes contra Morales en 2015 y contra Alejandro Giammattei, en 2019, solicitó “un peritaje de cotejo de voz” para determinar si es ella quien habla en algunos de los audios presentados por la Fiscalía.

Domínguez recordó que entre el 12 de abril y el 16 de junio, como secretaria general, Sandra Torres consintió siete aportaciones de dinero para la organización política que representó en 2015 y que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.

Pero, además, en octubre de ese año, unas semanas antes de la segunda vuelta electoral, Torres aportó ella misma 250.000 quetzales (32.175 dólares) que intentó ocultar a través de un cheque a nombre de otra persona y que pidió que fuera girado a favor de un estudio para “desarrollar actividades en el campo de la publicidad a su favor”, dijo la jueza.

También, delegó supuestamente a los señores Gustavo Alejos, Mario Leal (exvicepresidenciable) y la actual diputada Karina Paz a realizar “aportaciones dinerarias o en especie para el partido sin revelar su identidad”, cuyos fondos “fueron utilizados en la campaña de 2015”, aseveró Domínguez.

Cuestionó la solicitud de sustitución temporal que hizo Torres en abril de 2015 para dejar la Secretaría General de la UNE en manos del jefe de su bancada en el Congreso, Orlando Blanco, pues según declaraciones de testigos como el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Ronaldo Robles o el exministro de Interior Carlos Menocal, no recuerdan haber estado en la asamblea de sustitución, pese a haber sido miembros del comité ejecutivo.

En su declaración, leída por la jueza, Robles subrayó que Torres “hacía un esfuerzo individual en la búsqueda de recursos”, además de que el propio exsecretario afirmó que escuchó de la voz de Torres que el objetivo de dejar la secretaría del partido era para “protejer a la candidata de cualquier acción que impidiera o entorpeciera su candidatura”.

Sin embargo, Domínguez mencionó que el acta de la asamblea solo contiene la firma del secretario de actas del partido UNE y no de los participantes en la supuesta asamblea.

La jueza también pidió ampliar la investigación al Tribunal Supremo Electoral, porque tiene el control y fiscalización de los fondos para la financiación de los partidos; a la Contraloría General de Cuentas por no haber solicitado una auditoría gubernamental; y a la filtración de un audio, en el que Torres platica con Alejos sobre los aportes a la campaña.

Debido a que existe la posibilidad de que Torres pueda influir en la investigación o de obstaculizar a la Justicia, Domínguez resolvió enviarla de nuevo a la cárcel de Mariscal Zavala, aunque reconoció que debido a su estado de salud (taquicardia, cefalea, nausea, hipertensión, arritmia e infección urinaria), podrá solicitar atención médica como lo hizo anteriormente al ser trasladada a un hospital privado.

Finalmente, Domínguez dio un plazo de 2 meses para concluir la investigación al Ministerio Público y fijo la fecha de la audiencia conclusiva para el próximo 3 de enero, aunque debido a sus vacaciones, que terminan el 9 de enero, se confirmará la fecha y hora para su elaboración.