España ha gastado 31 millones de euros en litigios en EE.UU. por el Prestige

España ha gastado en diez años casi 31 millones de euros en litigios en Estados Unidos por el hundimiento del Prestige, sin lograr ni un dólar de la indemnización que exigía a ABS, la compañía clasificadora que autorizó navegar al petrolero que se hundió en 2002 frente a la costa gallega.

Así lo ha denunciado hoy el diputado de IU Gaspar Llamazares, a raíz de una respuesta parlamentaria que ha recibido del Gobierno, en la que el Ejecutivo le indica que “no es posible desglosar los recursos económicos dedicados” al restos de procedimientos judiciales que se han seguido en España, Francia y ante instancias comunitarias.

La respuesta escrita a Llamazares señala que en lo referente a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del Estado ha actuado, en un primer momento, a través del despacho Holland and Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el equipo jurídico contratado inicialmente por España.

A continuación, explica que el importe total de lo abonado hasta diciembre de 2012 asciende a 30.925.536,92 euros.

Tras dar a conocer estos datos, Llamazares ha subrayado que a esos casi 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio que se sigue en estos momentos en Galicia.

El diputado critica en un comunicado que, “pese a este inmenso desembolso, el Estado español no ha conseguido ninguna de las reclamaciones ni indemnizaciones que le llevaron a emprender estas actuaciones, cuya capacidad de recurso ya se ha agotado”.

Llamazares recuerda que estos “elevadísimos” gastos jurídicos arrancan de la decisión del entonces Gobierno del PP de presentar, el 16 de marzo de 2003, una demanda en EE.UU. contra ABS (The American Bureau of Shipping, Inc.), empresa clasificadora del Prestige.

El Ejecutivo explica en su respuesta que “el objeto de la demanda era únicamente determinar la responsabilidad de la empresa clasificadora, al haber clasificado como técnicamente navegable un buque que, a juicio del Estado español, no debía haberlo sido”.

“No eran objeto de ese procedimiento en Estados Unidos determinar otras responsabilidades o la causa del siniestro”, añade.

También explica que, “tras evaluar los datos conocidos y la viabilidad de dicho procedimiento judicial, el Estado español decidió, con fecha 30 de julio de 2004, ampliar la demanda reclamando a ABS una indemnización por importe de 1 millón de dólares”.

Según Llamazares, ese dato es erróneo, ya que realmente la demanda fue de 1.000 millones de dólares, tras ampliarse en esa fecha los cerca de 650 millones que se pedían en un principio.

En su escrito, el Gobierno detalla que de los años 2003 a 2007 el Tribunal de Distrito de Nueva York practicó la fase de aportación de pruebas por las partes, que consistió en abundantes testimonios, documentación y pruebas periciales.

El 2 de enero de 2008 ese mismo tribunal inadmitió en una sentencia la demanda española “al considerar que España no podía plantear una reclamación de este tipo en Estados Unidos”.

El Gobierno, ya del PSOE, decidió apelar y el pasado 29 de agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos (United States Court of Appeals for the Second Circuit) dictó sentencia por que desestimó el recurso de apelación.

El Ejecutivo explica a Gaspar Llamazares que la única posibilidad de abrir un procedimiento ante el jurado es que “existieran pruebas suficientes de que la empresa de clasificación, más concretamente los directivos de la empresa radicada en Estados Unidos, hubieran actuado con una negligencia grave o temeraria al despachar la calificación del buque”, y reconoce que esas pruebas no se han encontrado en ningún momento.