Estudian plan para reclamar “presos políticos” al Judicial de Nicaragua

Los abogados defensores de los “presos políticos” de Nicaragua anunciaron este lunes que estudian una estrategia para reclamar por la vía legal a sus defendidos ante el Poder Judicial, en vista de que el Ejecutivo no parece interesado en una pronta liberación, y temen además que, en caso de hacerlo, sea por indulto o amnistía.

“Se está trabajando un documento de índole jurídica, la idea es que esto no espere mucho más tiempo (...), que se resuelva de acuerdo a esa propuesta estrictamente jurídica, y no por vía política que implique indulto o amnistía”, dijo el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, quien defiende a decenas de “presos políticos”.

Los abogados de los “presos políticos”, al menos 809 según la oposición, se resisten a un indulto o amnistía, al considerar que esto agravaría el estado de la justicia en Nicaragua, pues sostienen que sus defendidos no han cometido delitos, pero además, esto beneficiaría a los verdaderos criminales.

Una liberación basada en principios legales sería la mejor solución, aunque se necesitará que el Gobierno esté de acuerdo, según Montenegro.

“La intención es tratar de encontrar una salida jurídica, siempre y cuando haya una disposición, en este caso de la autoridad gubernamental, que es la principal que está llamada”, afirmó Montenegro.

Otro asunto que preocupa a los abogados es la cantidad exacta de “presos políticos”.

Según Yonarqui Martínez, conocida como “la abogada de los presos políticos”, son cientos los manifestantes que se encuentran tras las rejas sin que el Gobierno reconozca que son opositores, o que los familiares no los identifican como tales por temor a que sufran torturas o encuentren jueces “rigurosos”.

El peligro de quienes no son identificados como “presos políticos” es que no sean tomados en cuenta en una eventual liberación“, según Martínez.

Otra preocupación es que el Gobierno otorgue excarcelación y no liberación, tal como ya ocurrió con 236 “presos políticos”.

La abogada recordó que un excarcelado no puede salir de su casa ni de país, no puede socializar, ni trabajar para obtener ingresos, contrario a los beneficios que brinda la libertad total, misma que ya obtuvieron 18 manifestantes exconvictos, indicó.

La preocupación por los “presos políticos” se acentuó en Nicaragua desde el pasado jueves, cuando el reo nicaragüense de nacionalidad estadounidense Eddy Montes Praslín, murió al recibir un disparo en circunstancias poco claras en la cárcel “La Modelo”, en un incidente en el que decenas de convictos resultaron lesionados.

En marzo pasado el Gobierno, que reconoce menos de la mitad de los 809 “presos políticos” que denuncia la oposición, firmó un compromiso para liberarlos a más tardar el 20 de junio próximo, y recientemente anticipó la fecha para el día 18 de ese mes.

Montes Praslín estaba en la lista de quienes habrían estado en libertad si el Gobierno hubiera cumplido su compromiso en marzo, según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El caso de los presos políticos es uno de los temas más delicados en la crisis de Nicaragua, que inició en abril de 2018, con la llamada “insurrección cívica” contra el presidente Daniel Ortega.

En trece meses la crisis ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cifra que alcanza los 593 de acuerdo con organismos locales, o 199 según reconoce el Gobierno.