La Eurocámara aprueba retirar fondos comunitarios a los países corruptos

El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio hoy luz verde a congelar los pagos comunitarios a los países donde la separación de poderes esté en riesgo o que no combatan el fraude y la corrupción, una medida que busca responder a los recientes problemas en miembros como Polonia, Hungría o Rumanía.

Según el proyecto legislativo adoptado, los fondos comunitarios podrán reducirse o suspenderse si la Comisión Europea determina la existencia en un país de “deficiencias generalizadas en lo relativo al Estado de derecho” que amenacen la gestión del dinero europeo.

Bruselas tendría que actuar si detecta que el país no investiga adecuadamente los casos de corrupción o fraude, incluida la evasión de capitales, que los tribunales no funcionan con independencia, que no se castiga la evasión fiscal o que las autoridades encargadas del control financiero no operan como deben.

Tras la advertencia del Ejecutivo comunitario, el PE y el Consejo (los Estados miembros) deberán dar el visto bueno a la suspensión de los pagos, que podría adoptarse sin necesidad de unanimidad para que el propio país afectado no pueda evitar por sí solo ser castigado.

“La UE no es un club de negocios. El respeto de nuestros valores comunes es el pilar sobre el que se construye el proyecto europeo, ningún Gobierno puede violarlos sin sufrir las consecuencias”, dijo la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, ponente del informe.

La iniciativa incluye no obstante una salvaguarda para que no terminen pagando los platos rotos los beneficiarios de fondos europeos, como investigadores u organizaciones de la sociedad civil. Lo que ya no abone Bruselas deberá aportarlo el Gobierno de sus presupuestos nacionales.

La propuesta, que salió adelante con 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones, se enmarca dentro del presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 y busca hacer de los fondos comunitarios una herramienta para luchar contra el deterioro cada vez más extendido en ciertas partes de la UE.

“El desafío más profundo para el futuro de la UE viene de los problemas que tenemos en algunos de nuestros miembros en relación al Estado de derecho”, explicaba la semana pasada el vicepresidente de la Comisión Europea Jirky Katainen.

“No veo ninguna razón por la que ningún contribuyente de la UE deba pagar ni un céntimo a los países dónde no se respeta”, añadió.

De aprobarse definitivamente la medida, podría conllevar consecuencias para Polonia y Hungría, por sus deficiencias en la separación de poderes y la consecuente deficiencia del Estado de derecho.

Bruselas llevó el año pasado a Polonia ante la justicia europea por considerar que la reforma de su Tribunal Supremo, aprobada por el Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), vulneraba la independencia del poder judicial, algo que confirmó la corte europea.

En 2017 había activado el proceso que podría dejar sin derecho de voto al país en el Consejo por este motivo.

La Eurocámara pidió hacer lo mismo con Hungría por no respetar los derechos y valores comunitarios por las polémicas leyes del Gobierno de Viktor Orbán para controlar las ONG o las trabas a la libertad de prensa y expresión, aunque la UE aún no ha dado el paso.

La aprobación por la Eurocámara llega además cuando acaba de asumir la presidencia de turno del Consejo de la UE Rumanía, cuyo Gobierno ha aprobado una controvertida reforma judicial criticada por Bruselas porque beneficiaría a políticos investigados por corrupción.

El líder del gobernante partido socialdemócrata ha denunciado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE por considerar que utiliza métodos ilegales para investigar la corrupción en el país.

La corrupción en Rumanía y Bulgaria es el motivo que algunos Estados miembros esgrimen para mantener fuera de la zona Schengen a ambos países que, como Polonia y Hungría, han sido desde su incorporación de los más beneficiados por los fondos de cohesión europeos.

Por otro lado, la Eurocámara votó incrementar el presupuesto del Programa de Derechos y Valores para el periodo 2021-2027 hasta 1.834 millones de euros, casi el triple de lo propuesto por la Comisión Europea (642 millones).

Este programa tiene por objeto la promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en la UE, incluida la asistencia financiera a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ámbitos.