Exdirectivos de CAM se achacan la responsabilidad en los balances de la caja

San Fernando de Henares (Madrid), 1 jun (EFECOM).- Los ex directores generales de Planificación y de Inversiones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb y Francisco Martínez se han atribuido mutuamente la responsabilidad sobre los traspasos de activos, la liberación de provisiones y su posterior reflejo en los balances de la entidad.

Durante su declaración como acusado en el juicio contra ocho exdirectivos de la caja, Sogorb ha reiterado, como ya hizo el día anterior, que el no formaba parte de los órganos de gobierno y se limitaba a recibir la información contable agregada “pero nada más”.

De este modo, ha traspasado la responsabilidad al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, también acusado y que ha declarado a continuación.

En un momento dado, ha relatado Sogorb, el Banco de España modificó los criterios contables, con lo que la caja puso en valor de mercado activos y pasivos y ajustó contra reservas todos los saneamientos; pero no incluyó las titulizaciones aunque podía haberlo hecho, lo que en su opinión muestra que si hubiera habido voluntad de maquillar las cuentas se hubiera podido hacer.

Según ha reconocido a preguntas de su propio abogado, el Banco de España objetó dos operaciones puestas en marcha por la entidad para alcanzar sus previsiones anuales, la reclasificación de créditos fallidos a normales y las titulizaciones, ambas responsabilidad el departamento de Inversiones y Riesgos, bajo dirección de Francisco Martínez.

En este sentido, ha insistido en que tanto Martínez como el que fuera director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, estudiaron los posibles impactos que supondría dar de baja las titulizaciones, una tarea que ha atribuido al área de Inversión.

Así, ha asegurado que Martínez tenía la facultad de proponer directamente al consejo de administración las operaciones de titulización a aprobar ya que tenía “las competencias de su área y además las transferidas” por el órgano de la caja.

Una versión contraria a la de Martínez, que a la pregunta del fiscal de si fue él quien decidió dar de baja del balance las citadas titulizaciones, ha respondido: “pregúnteselo al señor Sogorb, que es de su área. Yo puedo cambiar la bombilla, pero no soy el responsable de la electricidad”.

Martínez ha delimitado sus funciones a la renegociación con los clientes, pues disponía de información “muy limitada”, sin conocimientos sobre los traspasos de activos, sobre cómo se llevaron a cabo y si tuvieron o no efecto en los balances

Su labor era la de “desarrollar las medidas operativas de una política que gestionaba el comité de dirección”, ya que quienes decidían que un fallido pasara de una a otra categoría eran, en la mayor parte de los casos, “el director de la sucursal y la dirección territorial”, como consta en un manual de funciones.

También ha insistido en que las facultades, atribuidas por el consejo de administración en 2010, eran “muy operativas” y formaban parte de un protocolo “muy habitual” en el funcionamiento de las cajas.

Acerca de las titulizaciones, ha indicado que eran “la única forma de asegurar la liquidez de la caja desde 2009”, año en el que “la situación era realmente complicada”, y ha negado que se trataran de “productos muy complejos” sino “novedosos, por el tipo de activo”.

“El objetivo era crear un bono muy robusto capaz de obtener financiación”, ha explicado Martínez ante la sala que preside la juez Ángela Murillo, y ha refutado que existiera “voluntad de ocultar” información entre departamentos ya que imperaba “toda transparencia”.

No obstante, ha dicho desconocer el impacto de cada una de las operaciones pues, a partir de septiembre de 2010 su dedicación a la CAM se limitaba a “dos horas a la semana” por su incorporación al equipo del Banco Base.

Asimismo, no ha sabido concretar quién decidía liberar provisiones ni cómo se generaban los impactos contables, y ha negado que estuviera al tanto de que las previsiones de la entidad para 2011 apuntaran pérdidas.

Sogorb, Martínez y otros seis exdirectivos de la CAM están acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

Para ambos la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa.