Exdirector de Trabajo andaluz dice que siguió sistema que conocía interventor

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha declarado hoy que cuando llegó al cargo en 2008 continuó “con el procedimiento que estaba establecido” para otorgar las ayudas investigadas en el caso ERE y que la Intervención conocía que eran dadas por él y pagadas por la agencia pública IDEA.

Márquez no ratificó ayer su declaración en 2012 ante la primera instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, alegando que la hizo ante una “presión muy fuerte” durante “dos intensos días” y con constantes repreguntas por parte de la jueza.

Juan Márquez sucedió a Javier Guerrero -uno de los principales acusados en el caso ERE- entre 2008 y 2010 al frente de la Dirección General de Trabajo, el departamento de la Consejería de Empleo que concedía las ayudas sociolaborales investigadas.

La Audiencia de Sevilla le juzga, junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- por la creación y mantenimiento de un “procedimiento específico” por el que la Junta repartió entre 2001 y 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales de forma “arbitraria” y para “eludir” el control administrativo, según el auto en el que el instructor cerró la investigación.

En su caso se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos.

En la sesión de hoy ha respondido a las preguntas de su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y ha insistido en que se limitó a mantener el procedimiento usado por su antecesor para otorgar las ayudas ya que “nunca” recibió ningún reparo de la Intervención “ni ninguna manifestación de que estuviera actuando de manera irregular” ni de que hubiera “ninguna ilegalidad”.

Ha asegurado que su antecesor estuvo ocho años dando las ayudas con el mismo sistema “con conocimiento del todo el mundo” en el Gobierno andaluz.

En 2009, tras un informe encargado al bufete Garrigues que “no era vinculante” se hicieron “modificaciones” para mejorarlo pero ha negado que ni éste ni ningún otro informe ni la Intervención “nos instó a cesar en el procedimiento que veníamos desarrollando con normalidad”.