Exigen una comisión especial para investigar el escándalo en torno al caso Martinelli

Grupos civiles panameños exigieron hoy la creación de una comisión de alto nivel nacional o internacional que investigue las “graves denuncias” de supuestas escuchas ilegales a jueces del Supremo, en el marco de un escándalo en torno al caso contra el expresidente Ricardo Martinelli.

La fiscal general, Kenia Porcell, denunció el lunes a través de un video que el presidente encargado del Supremo panameño, Hernán De León, le dijo que la causa de las supuestas escuchas ilegales contra Martinelli “se va a caer, lo vamos a anular (en el Supremo) y viene para la Procuraduría” o Ministerio Público.

En una reunión “informal”, que según explicó Porcell tuvo lugar en su despacho el 30 de julio pasado, De León le dijo: “me grabaron, hay tres copias”, en alusión a un supuesto chantaje, por lo que la fiscal le exigió que presentara la denuncia correspondiente.

Activistas de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, de la Asamblea de Acción Ciudadana y de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), además de miembros del poderoso sindicato de la construcción Suntracs, protestaron ante al sede del Supremo y coincidieron en que el sistema de justicia está en crisis.

En un comunicado, las organizaciones civiles exigieron al Ejecutivo de Juan Carlos Varela “la creación de una comisión de alto nivel, ya sea nacional o internacional, contra la impunidad, que investigue estas graves denuncias de grabaciones contra magistrados de la Corte y emita recomendaciones que nos permitan enfrentar esta crisis”.

Las onegés se unieron a otros sectores que este martes pidieron a Porcell que presente una denuncia formal basada en los dichos de De León durante la reunión del pasado 30 de julio, que el magistrado ha reconocido que se dio aunque añadió que lo tratado allí fue interpretado de manera “muy particular” por la fiscal general.

Exigieron la renuncia del magistrado De León a la presidencia de la Corte, que ejerce de forma interina, “hasta tanto se esclarezca la denuncia” hecha pública el lunes por Porcell.

Pidieron a los magistrados “que se pronuncien” sobre las declaraciones de la fiscal general, en específico sobre las “presiones que están recibiendo según información proporcionada por el magistrado De León”, y que digan “qué medidas adoptarán para brindar confianza al pueblo panameño”.

Expresaron que “urge” que Varela designe a los dos magistrados principales del Supremo, luego de que en diciembre pasado el Parlamento no ratificó a unas nominadas por el presidente.

“¿Quién se beneficia de este caos que erosiona la confianza en la Justicia? ¡Los corruptos! Bajo ninguna circunstancia el proceso contra el expresidente Martinelli puede quedar a merced de estas jugarretas para lograr la impunidad”, dijeron las organizaciones.

Por su parte, el dirigente obrero, Luis González, acusó a los tres poderes del Estado de estar “podridos”, y afirmó que los sindicalistas exigen que los magistrados del Supremo “sean investigados”.

Martinelli, de 66 años y extraditado por EE.UU. en junio pasado, es procesado por el Supremo porque cuando el magistrado fiscal, Harry Díaz, presentó la acusación en su contra, en octubre de 2015, era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ese fue el argumento del magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, para rechazar el pasado 26 de junio un recurso de la defensa, que pedía que el caso pasara a la Justicia ordinaria porque Martinelli renunció, ese mismo mes, al cargo de diputado regional.

Ya el Supremo rechazó un amparo presentado por la defensa para que el proceso sea remitido a tribunales ordinarios, pero sigue pendiente de resolución otro por el mismo tema.