Expertos estudian la aplicación de justicia transicional a militares y policías

Un grupo de expertos nacionales e internacionales trabaja, a petición del Gobierno de Colombia, en la aplicación de mecanismos de justicia transicional a militares y policías, indicó hoy en La Habana el jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle.

Este grupo de expertos también lo integran delegados de los Ministerios de Defensa y Justicia, del Comando de Transición de las Fuerzas Militares y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, señaló De la Calle a los periodistas en el cierre del 34º ciclo de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana.

Según dijo, ese grupo “ha venido trabajando con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policías”.

“No pueden terminar guerrilleros en el Congreso y militares en la cárcel. (...) Así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, así también nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares. Las dos cosas van de la mano”, subrayó el jefe negociador gubernamental.

El proceso de paz se centra en estos momentos en las discusiones sobre la reparación a las víctimas, debate que incluye verdad, reconocimiento y garantías de no repetición, para lo que es importante la creación de mecanismos de justicia transicional para los responsables del conflicto.

Sin embargo, la guerrilla de las FARC rechaza esa justicia transicional y defienden que sus actos de guerra deben considerarse delitos políticos, amparados en el derecho a la rebelión.

“Preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia”, señaló hoy el “número dos” de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.

“A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos”, precisó el jefe negociador de las FARC que abogan por una amnistía general para la guerrilla.

Márquez se refirió a la responsabilidad principal del Estado en el conflicto y propuso a la mesa de negociación ocuparse “por su obviedad” a abordar esa cuestión.

“El informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas a la mesa, apunta a que en Estado es el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado en Colombia”, destacó.

El Gobierno y las FARC, que iniciaron el proceso de paz en noviembre de 2012, acordaron las fechas para un nuevo ciclo de conversaciones entre el 10 y el 20 de abril.