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La FEMP pide “aclaraciones” al Gobierno sobre la plena entrada en vigor de la reforma local

La FEMP pide "aclaraciones" al Gobierno sobre la plena entrada en vigor de la reforma local

EUROPA PRESS

MADRID —

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha pedido “aclaraciones” al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sobre la plena entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como reforma local.

Aunque Caballero ha agradecido al Ejecutivo su disposición a aplazar la entrada en vigor de la ley “hasta que se negocie una nueva financiación local y autonómica”, ha insistido en que la confusión entre las Entidades Locales aún se mantiene.

Por ello, ha exigido una “aclaración precisa y detallada que sustituya confusiones e incertidumbres por certezas y concreciones”. Esta ha sido la contestación que el presidente de la FEMP ha dado a Beteta, quien el pasado martes le envió una carta para trasladarle la intención del Ejecutivo de “dejar sin efecto la aplicación” de esta norma hasta que no se concrete un marco de financiación.

A partir de uno de enero de 2016, con la implantación de la reforma local --aprobada por el PP en esta legislatura-- las comunidades autónomas deberán asumir en un plazo de cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de dos años, los servicios sociales.

Si no quieren asumirlos, pueden dejar que sigan prestándolos los ayuntamientos, pero entonces tienen que firmar un convenio con ellos y pagarles el coste de ese servicio.

Caballero, que en reiteradas ocasiones ha pedido la derogación de la norma así como demorar su entrada en vigor por el “caos” que se generaría principios de año en la atención social, ha contestado a Beteta este viernes recalcando que “una carta no basta para paralizar una ley” porque no modifica el marco normativo previo.

Por ello, el también alcalde socialista de Vigo ha reclamado la puesta en marcha de mecanismos que otorguen a las Entidades Locales suficiente seguridad jurídica sobre los plazos de aplicación de la norma.

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