FIDH pide a la ONU y la UA que impongan sanciones a Burundi para acabar con la crisis

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) que impongan sanciones a Burundi para acabar con la crisis política en el país, donde en los últimos dos años han muerto 1.200 personas y la represión se ha endurecido recientemente.

“La comunidad internacional debe reaccionar con urgencia, sobre todo la Unión Africana y Naciones Unidas. Estas instituciones deben tomar medidas firmes para obligar al régimen del presidente (Pierre) Nkurunziza a dialogar con las organizaciones independientes de la sociedad civil y la oposición política”, subrayó FIDH.

Entre estas medidas propuestas figuran sanciones individuales para quienes obstruyan el proceso de diálogo político, así como la imposición de un embargo de armas y la reconsideración del despliegue de una fuerza internacional para proteger a los civiles, propuso FIDH en una nueva investigación publicada hoy.

“El Estado de Burundi recibe cerca de un millón de dólares al mes en compensación por la participación de sus 6.000 soldados en varias misiones de mantenimiento de paz de la ONU y África”, señaló el informe, que propone la retirada de los militares burundeses de estas misiones para presionar económicamente al Gobierno.

Además, exige el apoyo de la comunidad internacional a la Corte Penal Internacional (CPI), que anuncio en 2016 la apertura de un examen preliminar sobre los episodios de violencia vividos en el país, lo que provocó la posterior salida de Burundi del Tribunal de la Haya.

Aunque la crisis estalló hace dos años, esta nueva investigación alertó de que la represión se ha endurecido aún más en los últimos meses con el objetivo de mantener al presidente en el poder y preparar el camino a las elecciones presidenciales previstas para 2020.

“Los signos de esta nueva radicalización son manifiestos: la purga que se está llevando a cabo en el Ejército puede conducir a la creación de un Ejército mono-étnico bajo control exclusivo del régimen”, añadió.

Además, los opositores políticos son “sistemáticamente rastreados, perseguidos y a menudo asesinados”, mientras que los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes “son silenciados”.

El informe alertó sobre los miembros de las juventudes del partido gobernante en Burundi, las milicias conocidas como “Imbonerakure”, tras la publicación de un vídeo en el que llamaban a “dejar embarazadas a oponentes para que puedan parir a Imbonerakures”.

El país africano se encuentra sumido en el caos desde la oleada de protestas desatada en abril de 2015, cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció que se presentaría por tercera vez consecutiva a las elecciones, algo prohibido por la Constitución y que violaba los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.

Desde entonces, en el país africano han muerto 1.200 personas y se han registrado entre 400 y 900 desapariciones forzosas, varios cientos de torturas y violaciones sexuales y miles de detenciones arbitrarias, según cifras de la FIDH, que asegura que cerca de 400.000 burundeses han huido a países vecinos por miedo.