Familiares de los detenidos de Alsasua solicitan el amparo del Parlamento Europeo

A lo largo de este jueves se han reunido con eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios y países, y ha participado, además, en la conferencia 'Europa, del Estado de Derecho al Estado de excepción', organizada por esta institución.

Los familiares de los detenidos han celebrado una rueda de prensa en Bruselas acompañados por los eurodiputados Marina Albiol (IU), Izaskun Bilbao (PNV), Xabier Benito (Podemos) y Josu Juaristi (EH BIldu).

“Venimos a Bruselas a decir firmemente que desde el pasado 15 de octubre de 2016 estamos sufriendo una situación muy injusta”, han expresado los familiares que han vuelto a calificar el suceso de Alsasua como una “trifulca en un bar”.

“No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo”, han explicado. “Pedimos justicia y derechos humanos, principios fundamentales que han guiado la construcción europea y los avances democráticos”, han reivindicado.

Igualmente, han criticado que los tres jóvenes que continúan en prisión van a ser juzgados por un presunto delito de terrorismo debido a la “reforma del Código Penal que en su artículo 573.1 materializa una definición extensiva del delito de terrorismo”. Una modificación, han señalado, que se produjo “en un contexto de especial sensibilidad en la sociedad por las consecuencias derivadas de los atentados yihadistas en Europa” y que “se ha aplicado a los hechos que nos ocupan”.

En este sentido, han recordado que “esta modificación extensiva de la definición del delito de terrorismo fue criticada por cinco relatores de Naciones Unidas” al considerar que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y que “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”.

“Bajo la aplicación de este artículo tres jóvenes llevan casi ocho meses encarcelados, a más de 400 kilómetros de sus hogares” y “otros siete jóvenes, dos de ellos menores de edad, están en libertad provisional en espera de juicio en el marco de un posible delito de terrorismo”, enfrentándose a “penas de cárcel desproporcionadas que pueden superar los 10 o 15 años”, han criticado.