La Federación de autónomos de Galicia no justificó la asistencia de alumnos a cursos investigados en la 'Operación Zeta'

El organismo fiscalizador ha entregado este lunes más de una veintena de informes a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, entre ellos, uno con dos volúmenes sobre programas de formación para el empleo del ejercicio 2010.

En el segundo volumen, relativo a los beneficiarios de las ayudas, el análisis de Feaga se refiere a cursos de los planes de formación de 2009 y de 2010, en los cuales hubo 134 y 183 participantes, respectivamente, y por los que Feaga tuvo importes aprobados de 62.902,50 y 144.326,25 euros.

Contas reprueba que la beneficiaria (Feaga) contrató con la entidad Femxa Formación S.L. la realización de la totalidad de las acciones formativas y esta subcontratación se hizo “en términos tan amplios (...) que es difícilmente justificable, teniendo en cuenta que la idoneidad de la entidad beneficiaria es una de las causas de concesión de las ayudas, y que esta queda reducida así a un simple intermediario”.

A este respecto, la institución señala que Feaga subcontrata la impartición de esas acciones formativas especificando en el contrato formalizado el traslado a la subcontratista de la totalidad de la gestión de las mismas. Y este coste “por la gestión”, denuncia, “aunque en el contrato no se especifique, se traduce en la facturación de costes indirectos por el importe del 20% de los costes de cada acción formativa”.

A renglón seguido, todavía en el epígrafe dedicado a la evaluación de los fondos aplicados por Feaga, el Consello de Contas afirma que “en los cursos examinados no existen partes firmados por los alumnos y tampoco los partes oficiales de asistencia están firmados por los profesores”.

Agrega, en este sentido, que “en los cursos seleccionados no existe comprobación in situ por la Administración de la realización del curso”.

“En ninguno de los expedientes analizados existen partes firmados por los alumnos que acrediten su asistencia a los cursos y permitan verificar en una fiscalización a posteriori tanto la evidencia de su realización como el número de los que finalizaron la actividad formativa, a los efectos de comprobar si las liquidaciones aprobadas por la Consellería son las correctas (toda vez que las liquidaciones dependen de ese número)”, concluye el informe de Contas.

“RIESGOS DE OPACIDAD PARA SABER SI LOS COSTES ESTÁN SOBREVALORADOS”

Por su parte, el primer volumen dedicado a examinar los programas de formación para el empleo censura “una elevada concertación de actividades formativas por algunos beneficiarios con entidades vinculadas, sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios de mercado a través de la petición de distintas ofertas, lo que supone riesgos de opacidad para determinar si los costes son reales o están sobrevalorados”.

“De forma destacada”, añade que “en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri S.L. (presenta hasta seis entidades distintas vinculadas) o en torno al grupo Academia Postal (cinco entidades)”.

Gecreri es una de las empresas a nombre de Gerardo Crespo, principal imputado en la trama de supuesto fraude de subvenciones.