Fernández Gayoso declara este lunes ante Audiencia Nacional por las prejubilaciones en Novacaixagalicia

El Juez Ismael Moreno admitió a trámite la querella de Anticorrupción contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia el pasado mes de junio, y considera que todos ellos actuaron “con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia”, nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.

Precisamente, esta imputación precipitó la dimisión de Julio Fernández Gayoso como copresidente de Novacaixagalicia, que se produjo días después y puso fin a una carrera de 64 años, durante la que fue director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo; director general de Caixanova --desde su nacimiento hasta el año 2006--; presidente de esta misma entidad y copresidente de Novacaixagalicia.

La declaración de Gayoso este lunes cierra las comparecencias de los cinco exdirectivos de la caja gallega por las prejubilaciones recibidas. Anticorrupción imputa a los altos directivos de la entidad la comisión de delitos de administración desleal y, alternativamente, la apropiación indebida y les reclama la devolución de 7,8 millones de euros en concepto de indemnizaciones.

El primero en declarar, el pasado lunes 15 de octubre, fue el exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, quien afirmó que NCG Banco --su salida se produjo ya constituida esta entidad-- se ahorró 1,5 millones de euros de intereses cuando él cobró anticipadamente por capitalización los 5,36 millones de su prejubilación.

El miércoles le tocó el turno al que fue responsable del Grupo Inmobiliario tras la fusión, Gregorio Gorriarán, al que le reclaman 913.602 euros. En su declaración afirmó que la indemnización respondía a un concepto de gratificación por los servicios prestados y que el no tenía poder de decisión en esta materia.

Señaló que el responsable de las relaciones con el Banco de España era el director general, José Luis Pego, por lo que él desconocía si este organismo o el consejo de administración de la caja estaban informado sobre la mejora del contrato.

Al día siguiente, uno de los responsables de la Oficina de Integración, Óscar Rodríguez Estrada --al que se le reclaman 260.940 euros--, coincidió en esta argumentación y en apuntar que era Pego quien informaba al supervisor. Además, indicó que Caixa Galicia tenía peores resultados que Caixanova --de la que proceden todos los exdirectivos imputados, salvo García de Paredes-- antes de la fusión.

DECLARACIÓN DEL EXDIRECTOR GENERAL

El viernes fue Pego quien tuvo que comparecer ante el juez, al que aseguró que tanto el Banco de España como el consejo de administración de la caja disponían de la documentación sobre su prejubilación. Así, defendió la legalidad del contrato por el que se fijó su pensión.

Además, el exdirector general de Novacaixagalicia relató que el Banco de España pidió que se cuantificaran y provisionaran las modificaciones del contrato. Sin embargo, no puso objeciones ni abrió ningún expediente sobre este asunto.

Respecto al consejo de administración, concretó que tenía a su disposición la documentación del contrato, en el que aparecía la forma de calcular las gratificaciones por los servicios prestados, que no eran conceptos variables ni estaban vinculadas a los resultados de la entidad. Los nuevos contratos, agregó, se efectuaron tras la fusión de las cajas gallegas para unificarlos y clarificarlos.

A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

MEDIDAS CAUTELARES

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 impuso esta semana comparecencias periódicas, cada 15 días, en el juzgado a Gregorio Gorriarán, a Óscar Rodríguez Estrada y a José Luis Pego. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba también la retirada del pasaporte, pero esta medida cautelar no se ha aplicado en ninguno de los casos.

Así las cosas, el lunes llegará el turno de declarar ante el juez al excopresidente Julio Fernández Gayoso, a quien la Fiscalía atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

LA QUERELLA

La Fiscalía considera que las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones fueron ocultadas “tanto al consejo de administración como al Banco de España” y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente.

Apunta además que los exdirectivos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB)”.

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su “verdadera” situación patrimonial y otras tres compañías.