Ferrovial justifica sus convenios con Palau y se desmarca de los pagos a CDC

Los exdirectivos de Ferrovial juzgados por las supuestas “mordidas” a CDC a través del Palau de la Música han alegado hoy que sus convenios con la institución cultural no eran simulados ni sirvieron para alterar concursos públicos y se han desmarcado del uso que luego dio a ese dinero Fèlix Millet.

En el juicio por el expolio del Palau de la Música, el abogado Cristóbal Martell, que defiende al exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, y el letrado Pablo Giménez de Parga, que representa a Juan Elizaga, han pedido una sentencia absolutoria para sus clientes, que se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de cárcel por tráfico de influencias y administración desleal.

Martell ha reconocido que el caso tiene “contornos escandalosos”, pero ha resaltado que la “artillería punitiva es muy poquita”, en parte porque cuando ocurrieron los hechos, entre 1999 y 2009, no existía el delito de financiación ilegal.

El abogado de Buenaventura ha resaltado que los convenios que suscribió Ferrovial con el Palau de la Música durante la época de Millet eran “equilibrados” y se cumplieron, ya que no eran ficticios, y ha sostenido que los concursos de obra pública que ganó la constructora durante aquella etapa no se alteraron: “estaban de primera comunión”.

Además, ha desmarcado a Ferrovial del uso que posteriormente hicieron de este dinero los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull, que en su confesión de marzo pasado admitieron que entregaban parte del dinero a CDC como “mordidas” de la constructora a cambio de la adjudicación de obra pública.

Martell ha recordado que Ferrovial ganó más concursos durante el tripartito que durante la etapa de CiU en la Generalitat y ha alegado que la constructora se adjudicó las licitaciones bajo sospecha -entre ellas la de la construcción de la Ciudad Judicial o la Línea 9 del metro- porque “ganó por goleada” al presentar la mejor oferta económica en igualdad de condiciones.

Parafraseando al fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que denunció la existencia de una “cañería” para hacer llegar las “mordidas” de Ferrovial a CDC a través del Palau, el abogado ha remarcado que no existe ningún elemento que demuestre que Buenaventura formó parte de “esta conspiración de cañerías de dinero hacia CDC”.

Martell ha reconocido que el “caso Palau” ha generado un gran interés social, “rayano en la alarma”, porque se han concatenado “todos los iconos del mal”, aunque ha advertido de que, en la pieza relativa a Ferrovial, no existe “ningún atisbo” de que se haya “bastardeado” el ordenamiento jurídico, ya que no se dan “mimbres para construir una acusación por delitos clásicos contra la administración pública”.

“El fiscal quiere un mundo mejor. Yo también. Me levanto y le aplaudo. Pero lo que pide va más allá de la interpretación del tipo (penal), pretende dinamitar las costuras de la tipicidad, ya que pide lo que el Código Penal no le da”, ha aseverado Martell, que ha echado mano del principio fundamental de legalidad penal “nullum crimen, nulla poena sine lege praevia” (no hay crimen ni hay pena sin ley previa).

Según Martell, que cree que algunas pruebas clave deben ser invalidadas porque se rompió la “cadena de custodia”, el fiscal “no tiene la culpa” de que la financiación ilegal no se incorporara al Código Penal hasta 2015: “el legislador llegó tarde o el fiscal llegó temprano...o las dos cosas a la vez”.

El letrado, que ha sostenido que los delitos de los que se acusa a los exdirectivos de Ferrovial están prescritos, ha advertido de que en el juicio no se ha acreditado que los concursos bajo sospecha fueran “desviados” o “torcidos”, sino que se ha demostrado que fueron de “primera comunión”, y no hubo ningún “influjo de predominio impropio” sobre funcionario alguno.

También ha rechazado la tesis del fiscal de que las supuestas “mordidas” fueran un “peaje sistemático” de Ferrovial a CDC porque “los números no casan”, ya que Millet “se lo apuntaba todo de forma obsesiva-compulsiva, incluso el euro para la lejía”, y no consta ningún “papelote” que acredite este supuesto flujo de “anticipos o pagos a cuenta”.

Al igual que hizo ayer Xavier Melero, el abogado del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Martell ha desacreditado la confesión de Millet y los Montull delatando los pagos de Ferrovial a CDC a través del Palau, al asegurar que hay que ponerla en “cuarentena”.

En la misma línea, De Parga ha alegado que Elizaga no firmó ninguna orden de pago al Palau, ya que se limitó a poner el “visto bueno” para confirmar que se prestaban las contraprestaciones que figuraban en los convenios porque su función era comprobar que el acuerdo no perjudicaba la imagen de la compañía, por lo que no se sustenta su participación en la “cañería” para desviar a CDC.