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La Fiscalía otorga especial "gravedad" a la reunión del número dos de Interior con el hermano de Ignacio González

Los fiscales del caso Lezo dan importancia al encuentro entre Pablo González y José Antonio Nieto "por lo que ello puede implicar"

Anticorrupción se opone a la petición de excarcelación de González argumentando que recurrió a personas "con influencia" en la Policía

Edmundo Sobrino, su enlace para los negocios del Canal en latinoamérica, también seguirá en prisión por sus "tejemanejes" con Inassa

Fiscal: González recurrió a algún juez, fiscal o policía para tener impunidad

Fiscal: González recurrió a algún juez, fiscal o policía para tener impunidad

La Fiscalía Anticorrupción otorga especial trascendencia al encuentro que mantuvieron el secretario de Estado del Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, el hermano de Ignacio González, el pasado mes de marzo. Los fiscales del caso Lezo insisten en la "gravedad de la comunicación" entre ambos "por lo que ello puede implicar".

Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García se expresan en esos términos en el informe que han elaborado para oponerse a la salida de prisión del expresidente madrileño. Sostienen en ese escrito que González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones" en el marco del caso Lezo, motivo por el que se opone a su puesta en libertad por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En el escrito relatan la reunión que mantuvieron González, su hermano Pablo, también en prisión, y su hermana Isabel, diputada regional. Se reunieron el pasado 6 de marzo en el despacho que el expresidente madrileño tiene en la calle Atocha. Ese encuentro "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado de Seguridad", dicen los fiscales.

Los seguimientos policiales a Pablo González y las llamadas confirman esa reunión, sigue el escrito, un encuentro admitido por el propio secretario de Estado. En su comparecencia en el Congreso aseguró que se vieron, pero solo hablaron de la seguridad privada en los mercados mayoristas, el ámbito de negocio del hermano del expresidente madrileño.

Sin embargo, los fiscales se apoyan en el auto que envió a la cárcel a González para incidir en "la gravedad de la comunicación con el Secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar". Es una prueba más, dicen, de que existe riesgo de destrucción de pruebas.

En su informe, en respuesta al recurso de apelación interpuesto para reclamar su puesta en libertad tras haber ingresado en prisión el 21 de abril, la Fiscalía recuerda que el propio González admitió en su declaración que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".

"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

La Fiscalía habla también de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

Edmundo Sobrino también seguirá en prisión

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto también a que Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, salga de prisión ya que considera que los "tejemanejes" que llevó a cabo durante su presidencia en la principal filial en Latinoamérica del Canal de Isabel II con dinero público de la Comunidad de Madrid le granjeó grandes cantidades de ganancias "ilícitas" que estarían fuera de España, existiendo un elevado riesgo de fuga.

Aseguran que gestionó Inassa "como si de un negocio privado se tratase" hasta el punto que trasladó un escrito al director de La Razón, Francisco Marhuenda, que este a su vez le entregó al magistrado instructor de la causa Eloy Velasco cuando declaró como investigado, en el que apuntaba que esta empresa no era pública.

Los fiscales matizan que el dinero con el que se gestionaba era público, ya que venía de la sociedad Canal Extensia. "Estos tejemanejes, alejados de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid le han granjeado elevadas ganancias ilícitas, lo que explicaría sus inversiones privadas y cuentas bancarias en Reino Unido y la Isla de Jersey", reza el escrito.

Además apuntan que el pago de comisiones a funcionarios públicos de países de Latinoamérica permitió que se adjudicaran licitaciones a determinadas empresas mediante una operativa que a día de hoy todavía le reportan "ingentes beneficios fraudulentos".

El Ministerio Público añade que Rodríguez Sobrino, con la ayuda de su hija, se sirvió de un entramado societario para blanquear el dinero obtenido con las actividades anteriormente mencionadas, por lo que valora no solo el riesgo de fuga sino de destrucción de pruebas de la investigación que sigue bajo secreto de sumario.

"Las inversiones fraudulentas, presuntamente realizadas en terceros países y la existencia de un capital oculto, indiciariamente depositado fuera de España, facilitan que el investigado pueda iniciar su vida en un tercer país, sustrayéndose de la acción de la Justicia", reza el escrito con el que se oponen a que el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica abandone la cárcel.

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