Fiscal: Matas contrató a Calatrava por un interés electoral personalista

La fiscal anticorrupción Laura Pellón ha asegurado hoy que, en sus últimos meses como presidente del Govern balear, Jaume Matas contrató al arquitecto Santiago Calatrava para hacer un palacio de la ópera en Palma que no perseguía ningún bien público, sino un “interés puramente electoral personalista”.

En su informe final en el juicio en el que Matas se enfrenta a una petición de 1 año de prisión por prevaricación y tráfico de influencias, la fiscal ha expuesto que Matas compuso un “castillo de naipes administrativo” para ejecutar su voluntad de presentar antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2007 un gran proyecto sin visos de realización firmado por un arquitecto de prestigio.

“El dolo del señor Matas se extendió hasta el final” porque controló todo el proceso, ha subrayado la acusadora pública, que además de la pena de cárcel y de 211.000 euros de multas, reclama que se imponga al exministro de medio el pago en concepto de responsabilidad civil de los 1,2 millones que el Govern abonó a Calatrava.

Pellón ha justificado esta última petición en que el anteproyecto de Calatrava carecía de cualquier interés, “no era nada”, solo el cumplimiento del deseo de Matas de beneficiarse electoralmente de la exhibición pública de un plan espectacular adornada con la presencia del famoso arquitecto valenciano.

Además, la fiscal ha solicitado al tribunal que deduzca testimonio contra el exconseller de Educación y Cultura Francesc Fiol, porque en su declaración como testigo “faltó a la verdad” para favorecer a quien en su momento le nombró miembro del Govern balear, al que además le une una relación de amistad.

Ha subrayado también que la contratación real no fue la que hizo la empresa pública Ibisec para “dar forma administrativa” a la orden de Matas, sino que la realizó el presidente de manera verbal con el arquitecto valenciano obviando la concurrencia con el falso argumento de que solo él era capaz de hacer un proyecto de reordenación del Muelle Viejo de Palma y ubicar allí la ópera.

La fiscal ha recordado que en el contrato suscrito se hace referencia a la “exposición pública” del anteproyecto, que es su fin verdadero. “¿Qué hemos adquirido? Dos maquetas, una que se devolvió y otra que no se sabe dónde está, un vídeo y un 'powerpoint'. Es la manifestación de una intención”, ha sostenido.

Pellón ha indicado que a la prevaricación que implica la conducta descrita, Matas suma el tráfico de influencias al usar la autoridad jerárquica que tenía sobre Fiol para que el conseller forzara el proceso administrativo ajustándolo a sus intereses, intimidando a los funcionarios que avalaron el modo de contratación y justificándolo con un informe externo sobre el que mintió cuando anteayer declaró como testigo.

Y aunque Matas perseguía un objetivo político, también buscaba indirectamente el “beneficio económico” como candidato a la reelección al frente del PP al financiar con fondos de la Comunidad una presentación pública a 25 días de las elecciones, ha dicho.

La representante de la Abogacía de la Comunidad de Baleares, María Ángeles Berrocal, ha abundado en esa idea: “Lo que se quería era tener la maqueta y al señor Calatrava sentado ante la prensa el día 2 (de mayo de 2007) para presentar un proyecto irrealizable”.

La letrada ha incidido también en que el contrato, en contra de lo habitual, dejaba en manos de Calatrava la propiedad intelectual del anteproyecto, condicionando su contratación en caso de que se llegara a ejecutar. “El perjuicio para esta Comunidad está clarísimo”, ha apostillado.

El defensor de Matas, José Zaforteza, ha pedido la libre absolución del expresidente con el argumento principal de que “no tuvo absolutamente nada que ver con la tramitación” del contrato del arquitecto, puesto que se limitó a adoptar la “decisión política” de contratarle para la reordenación del Muelle Viejo de Palma, y lo hizo mucho antes del periodo electoral.

Ha asegurado que ningún testigo ha puesto en duda la legalidad de los informes recogidos en el expediente administrativo, incluido el encargado a una consultora externa, nada excepcional en la administración, y ha enfatizado que, más que un tráfico de influencias, el relato de la fiscal describe una malversación.

Zaforteza ha considerado que no tiene sentido que se argumente que el trabajo de Calatrava carece de valor, y se reclame por ello a Matas que devuelva los 1,2 millones de euros que se le pagaron al arquitecto, pero no se solicite a éste que retorne ninguna cantidad.

De forma subsidiaria a su petición de absolución, el abogado ha planteado que en caso de condena se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, puesto que la instrucción de este caso acabó en 2011 y la fiscalía tardó año y medio en formular su acusación.