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El Fiscal insiste en atribuir organización criminal a los procesados por el 1-O

EFE

Barcelona —

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La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que revoque la decisión de la juez que investiga el 1-O y permita interrogar por un delito de organización criminal a la treintena de procesados, al considerar que actuaron de forma concertada, permanente y jerarquizada para lograr la secesión.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, los fiscales Isabel Nevot, Teresa Duerto y Fernando Maldonado solicitan a la Audiencia poder interrogar a los procesados por organización criminal, ya que entienden que negar que contasen con una “infraestructura idónea” para aplicarles este delito supone un “contradicción” con “cualquier lógica”.

Según la Fiscalía, los procesados actuaron “de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña del Reino de España mediante su aportación individual y jeraquizada”, requisitos básicos para aplicar el delito de organización criminal.

La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha rechazado hasta el momento todas las peticiones de la Fiscalía para atribuir a la treintena de procesados en su causa un delito de organización criminal, al concluir, entre otros motivos, que no se ha acreditado que contasen con la “infraestructura adecuada para realizar un pan criminal ni que existiese un acuerdo asociativo, duradero y no puramente transitorio”.

Por el contrario, la Fiscalía subraya, en su escrito dirigido a la Audiencia de Barcelona, del pasado 29 de julio, que los procesados “no sólo contaban con una estructura suficiente para cometer el delito sino que contaban con toda la estructura oficial de la Generalitat”.

En este sentido, el ministerio público destaca que entre los investigados figuran exaltos cargos del Govern, gestores de proyectos, directores de estrategia e innovación, directores de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, directores de servicios, la interventor general y que se utilizaron organismos “relevantes” de la Generalitat, como el Centro de Telecomunicaciones (CTTI), el Centro de Seguridad Informática (CESICAT), el Diplocat y los medios públicos de comunicación (CCMA).

“El propósito, y por tanto el acuerdo de los procesados, no puede considerarse como efímero en el tiempo, por cuanto para diseñar estructuras de estado, elaborar una hoja de ruta hacia la independencia, organizar un referéndum y darle publicidad al mismo, tanto en la esfera nacional como internacional, se requiere estabilidad y permanencia”, subraya el escrito.

Según advierte la Fiscalía, al no aceptar que se interrogue a los acusados por este delito, la juez “sume” al ministerio fiscal en un “problema”, ya que “no puede formular acusación por este delito porque no se les ha preguntado a los procesados por su posible participación en él -infracción del principio acusatorio y derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados-, pero según la instructora sí puede presentar acusación porque no le vincula la calificación que ella realice de los hechos”.

Por este motivo, la Fiscalía pide a la Audiencia que revoque la resolución de la juez -la última del pasado 23 de julio- y, para evitar la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, permita “al menos” que se interrogue a los procesados como posibles autores de un delito de organización criminal.

Por otra parte, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha rechazado en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la petición de Vox para imputar en la causa sobre los preparativos del 1-O al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y ex presidenta de la Asociación Catalana de Municipios para la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

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