Fiscales piden la dimisión de Madrigal ante la obligación de revisar las causas pendientes

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, tras el oficio enviado ayer a las fiscalías pidiéndoles que en los próximos seis meses revisen todas las causas pendientes ante el nuevo límite al tiempo de instrucción.

En un comunicado, la APIF critica esta circular porque considera que con ella Madrigal muestra su “falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía”.

La asociación se refiere así al oficio enviado ayer por la Inspección Fiscal a las distintas fiscalías de España, en el que les requiere que revisen todas las causas ante la posibilidad de que pasados seis meses, el 6 de junio de 2016, tengan que ser archivadas, tal y como dispone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor hace unos días.

A su juicio, esta circular “pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa Fiscalía General del Estado se tiene del trabajo desarrollado en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir”.

Supone, añade, una “sobrecarga añadida” de trabajo y les exige que “aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control”.

Además, la APIF recuerda que la función de instruir los casos corresponde al juez y el control de los plazos en el juzgado es competencia de los letrados de la Administración de Justicia.

“En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consta que el fiscal deba constituirse en el juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno, ni que los juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso”, explica.

Añade que los fiscales “de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo” sin que se haya hecho un estudio de las cargas máximas de trabajo o un plan de prevención de riesgos y sin que dispongan de “medios adecuados y dignos para trabajar” y de personal auxiliar suficiente.

Estas funciones encomendadas a las fiscalías son, dice, “muy difíciles de cumplir” y además consideran que “el fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia”.

Por todo ello, insta a todos los fiscales de España y, en especial, a los fiscales jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio resulta de imposible cumplimiento.