La Fiscalía General también impuso no acusar al expresidente de La Rioja Pedro Sanz por prevaricación urbanística
- El actual vicepresidente del Senado convirtió una casa de aperos en un chalet de dos plantas en un suelo no urbanizable mediante sucesivas licencias
La Fiscalía General del Estado también modificó el criterio de un informe fiscal desfavorable para frenar la investigación sobre el expresidente de La Rioja, Pedro Sanz, por posible prevaricación urbanística en el caso de su chalet de Villamediana de la Iregua levantado en terreno no urbanizable, según informa El Mundo.
La noticia se conoce después de que este miércoles la Fiscalía General se opusiese a acusar al presidente de Murcia contra el criterio de las dos fiscales del caso Púnica y del juez, Eloy Velasco, y de que el PSOE haya pedido la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso para explicar si existieron presiones por parte del Gobierno.
El responsable de este organismo, José Manuel Maza, ha rechazado cualquier tipo de presión este jueves en relación a este caso, mientras el ministro de Justicia ha restado importancia al asunto en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha cargado también contra las dos fiscales del caso por hacer constar sus discrepancias.
Según revela El Mundo, el fiscal del caso de Pedro Sanz archivó la causa por posible prevaricación porque, aunque existían “indicios de la comisión de este delito”, no eran “suficientes para ordenar la investigación penal”. El actual vicepresidente del Senado convirtió una casa de aperos en un chalet de dos plantas en un suelo no urbanizable mediante sucesivas licencias.
En 2013, el alcalde de Villamediana de Iregua impulsó un Plan General Municipal que favoreció la regularización de las obras realizadas en la vivienda. Por ello, en octubre de 2016 una jueza dictó un auto en el que ordenaba investigar si el ayuntamiento había modificado su normativa para avalar que Sanz construyese su vivienda. La magistrada señalaba que la normativa “podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular”.
La Fiscalía General pidió al fiscal del caso un informe –remitido a la Secretaría Técnica– en el que se considera a Pedro Sanz presunto autor de un delito urbanístico. El fiscal preparó entonces un segundo informe para rechazar el recurso que había presentado el alcalde y continuar investigando.
Ese documento, sin embargo, finalmente concluyó que debía archivarse la causa. Tras pasar por la Secretaría Técnica, el redactado final del informe razona que debe archivarse “no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal”.
El PP lo niega: “Ni siquiera estaba investigado”
Tras la información difundida por el diario El Mundo, el Partido Popular de La Rioja ha emitido un comunicado para negarlo: “Es imposible que se haya dado instrucción de no acusar a Pedro Sanz, porque ni siquiera estaba investigado”.
“No existe ningún auto contra Pedro Sanz. El auto de la juez sustituta era contra el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana, donde Pedro Sanz tiene una casa, como 90 personas más”. En el escrito se explica que “el juez titular acordó la revocación de ese auto sobre la base de que la apertura de la instrucción no tenía ningún indicio e implicaba iniciar una causa general, que es ilegal”.
“Este mismo auto establece y reconoce que este mismo fiscal de La Rioja en 2015 informó negativamente sobre iniciar una investigación respecto a todas estas edificaciones, porque no había indicio alguno de delito”, añade.
En concreto, el PP señala que el auto dice textualmente: “Esos datos para cuya recopilación se acuerda incoar un nuevo proceso penal, son datos a recabar respecto de una generalidad de personas; personas frente a las cuales tanto el SEPRONA como la Fiscalía ya descartaron, en su día, que hubiera motivos para ser investigadas judicialmente; generalidad de personas frente a las cuales no existen indicios concretos de comisión de delito; frente a ninguna de las cuales se dirige en concreto la investigación judicial y sin que ninguna de ellas haya sido declarada investigada”.
Finaliza afirmando que el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana se aprobó en 2013, pero “se empezó a tramitar 8 años antes para ordenar el urbanismo de este municipio en un procedimiento normal, con la participación de todos los vecinos, y no ha sido recurrido por absolutamente nadie”.
