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La Fiscalía de Guatemala solicita la destitución del ministro del Interior
La Fiscalía de Guatemala solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia que se destituya al ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y al viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Axel Romero, por desobedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad.
La Fiscalía presentó esta “debida ejecución” por un amparo provisional del máximo tribunal constitucional del país que ordenó el traslado de recursos financieros de la cartera del Interior a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, situación que no fue realizada.
La solicitud de destitución de Degenhart y Romero se debió a la “notoria desobediencia al amparo provisional” que avaló el Constitucional, según la Fiscalía.
El presidente, Jimmy Morales, había disuelto dicha comisión, sin embargo un amparo constitucional promovido por la fiscal general, Consuelo Porras, y el ombudsman, Jordán Rodas, mantuvo vigente a la entidad, por lo que debía recibir los fondos del Ministerio del Interior para continuar con su funcionamiento.
La transferencia que debía haber realizado Gobernación sumaba 5,7 millones de quetzales (unos 740.259 dólares).
La solicitud de la fiscal general fue realizada a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición personal ante el Juzgado de Paz de Faltas de Turno, aseguró a Efe personal de comunicación del Ministerio Público, por la tarde de este martes.
La desobediencia se debe a que Degenhart debía firmar un convenio para trasladar los fondos a la comisión tres días después de la resolución constitucional del pasado 28 de octubre y que fue hecho público el pasado 31 de octubre.
La comisión fue creada en 1997 para dar seguimiento y apoyo a las recomendaciones formuladas en el informe de la comisión de fortalecimiento de la justicia, así como las que sean elaboradas por las relatorías especiales.
Esta entidad es coordinada por la fiscal general y la integran dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Gobernación, el director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, así como las facultades de derecho de las universidades San Carlos (pública) y Landívar (jesuita) y la sociedad civil.
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