La Fiscalía pide 2 años de cárcel a Torrijos (IU) por venta de suelos públicos

La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital andaluza Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo por un delito de fraude y exenciones fiscales que habrían cometido en la venta en 2006 de suelos de Mercasevilla.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía incluye a diez acusados, entre ellos al ex director general de la lonja, Fernando Mellet, y a Domingo Castaño, ex asesor del alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y excluye a los anteriores gerentes municipales de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán.

Para Torrijos y Crespo, además de los dos años de cárcel, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La Fiscalía solicita que se declare la nulidad del concurso de la venta de los suelos y del contrato de opción de compra firmado el 23 de febrero de 2006 entre Mercasevilla y Sanma, del grupo Sando, y los actos que se derivaron de ese acuerdo.

A Mellet también le acusa de prevaricación, junto al delito de fraude y exenciones fiscales, y solicita por ello nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Fiscalía acusa además al presidente del grupo Sando, Luis Sánchez Domínguez, y al vicepresidente del grupo y consejero delegado, su hijo Luis Sánchez Manzano, de ser cooperadores necesarios del delito de fraude y exenciones fiscales, y les pide dos años de cárcel y la prohibición de contratar con el sector público durante la condena.

Al vicepresidente del grupo empresarial le considera también cooperador necesario de un delito de prevaricación y le pide nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público acusa a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, al ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, al ex vicepresidente del área inmobiliaria de la misma constructora José Luis Miró Morales y al economista José Antonio Ripollés.

La juez que investiga este caso, Mercedes Alaya, dictó en diciembre pasado un auto de procedimiento abreviado por la venta fraudulenta de los terrenos del mercado en el que acusaba a 16 personas.

Sin embargo, la Fiscalía excluye, junto a Marchena y Millán, a otros cuatro procesados: Daniel Ponce Verdugo, ex subdirector de Mercasevilla; Emilia Barrial Chamizo, subjefa de Licencias Urbanísticas; María Isabel Evans, ex jefa de Licencias Urbanísticas; y al arquitecto Alberto Balbontín.

La Fiscalía asegura que Torrijos, Crespo, Mellet y Castaño expresaron su conformidad a la adjudicación directa de los terrenos a Sando porque la empresa malagueña se había hecho cargo de una reclamación económica de otra empresa, con lo que ponía fin a un pleito que mantenía con Mercasevilla, y además pagaba un canon mensual de 58.738 euros.

Sin embargo, los suelos adjudicaron mediante un concurso público ante la oposición al sistema de subasta de varios miembros del consejo de administración de Mercasevilla, entre ellos los miembros de Mercasa y el secretario y el interventor municipal.

Finalmente, se hizo un concurso público, pero con un pliego de condiciones elaborado “a la medida de los intereses de Sando”, y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga, según la Fiscalía.