El juez archiva el caso del acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos de la Comunidad de Madrid

El juez cierra la investigación sobre si hubo delito de revelación de secretos en el acceso de funcionarios de la Comunidad de Madrid a datos judiciales para después enviarlos al Colegio de Procuradores (ICPM). El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Coslada entiende que de las diligencias practicadas se concluye que “los hechos denunciados no son constitutivos de delito”.

“Consta abundante documentación de la que se infiere la existencia de la necesaria cobertura legal reglamentaria y administrativa para la válida cesión al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de los datos facilitados”, escribe el juez Luis Miguel Arroyo en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es y que tiene fecha del 10 de diciembre.

El juez adopta esta decisión después de que la fiscal del caso, Belén Vellibre, enviase un escrito el pasado 21 de noviembre en el que argumentaba que “la cuestión relativa a la cesión de los datos ha sido ampliamente resuelta” con la documentación aportada por uno de los investigados y que, por tanto, procede archivar el caso al no ver indicios de delito.

En el documento de dos páginas, la fiscal hace primero un breve repaso al caso, que se abrió tras la querella de un procurador contra el sistema empleado por su colegio profesional para cobrar las cuotas a sus asociados. Tras la querella y un primer archivo del caso, la Audiencia Provincial ordenó investigar el envío de datos de procedimientos judiciales al Colegio de Procuradores por parte de trabajadores de Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). El Colegio utilizaba esa información confidencial para, en función del número de casos en los que hubiesen intervenido sus asociados, reclamarles una cuota que estaban obligados a pagar si querían seguir ejerciendo.

El tribunal vio indicios de que los informáticos de la Comunidad de Madrid “accedieron sin autorización” a ficheros que consideraba reservados. El juez que archivó el caso en primer lugar retomó la investigación recabando información y tomando declaración a tres investigados: dos trabajadores de ICM y el informático del Colegio de Procuradores, encargado de recibir los ficheros de datos.

Fue este último, Cristóbal T.A., quien acompañó su declaración con un escrito en el que se adjuntaba “numerosa documentación que acredita la legalidad de lo actuado”. Entre esa documentación se hace referencia a autorizaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “que avalan la cesión de los datos”.

La cuestión ha quedado “ampliamente resuelta”

La Fiscalía también hacía referencia en su escrito a una resolución de la Agencia de Protección de datos del 19 de febrero de 2018 de la que se desprende “que la cuestión relativa a la cesión de los datos ha sido ampliamente resuelta”. Alude además a que el Colegio de Procuradores ha aportado varias sentencias que avalan su sistema de cobro de cuotas.

“Es por ello que esta parte muestra su conformidad con las manifestaciones realizadas en el escrito, interesando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, sin que resulte necesario la práctica de más diligencias”, concluye la fiscal, que reclamaba por tanto que se suspenda la batería de declaraciones previstas para febrero del próximo año.

El juez había citado a declarar como querellados a los integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid con el fin de intentar aclarar si en el envío de esa información con datos sensibles sobre procedimientos judiciales se produjo un delito de revelación se secretos. Así lo dictó el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Coslada en una resolución del pasado 21 de octubre.

Las declaraciones de la cúpula del Colegio de Procuradores se habían acordado después de que ya hayan pasado ante el juez dos informáticos de ICM, que eran quienes debían extraer los datos de los servidores del TSJM y enviarlos por correo al Colegio de Procuradores. El responsable de ese procedimiento, Julio M., afirmó que estaba en marcha desde 2009 y que mensualmente “se extraía información de procedimientos”. Conseguida la información, comprobaban que estuviese en un formato correcto y se enviaba al departamento de Informática del Colegio de Procuradores.

Jesús María F. G., el informático que se encargaba de enviar el mail con los datos adjuntos al Colegio de Procuradores, aseguró que los datos se cedían por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que nunca accedieron a otro tipo de aplicaciones judiciales para obtenerlos. Se limitaba a comprobar que todo estuviese en un formato correcto y luego lo enviaba. Insistió en que no había hecho otro uso de los datos.

El informático del Colegio de Procuradores, Cristóbal T. A., responsable del escrito que ha motivado el archivo del caso, declaró que su cometido era recibir los datos que enviaba la empresa pública del Gobierno madrileño. “El correo se recibía en una dirección de correo corporativa y esos ficheros se procesaban en los sistemas y servidores para que los departamentos procesaran la información conforme a sus tareas” aseguró ante el juez.

En su escrito, la Fiscalía también reflejaba que había sido imposible rastrear las direcciones IP desde las que se extrajeron los datos, pero añadía que es una “cuestión que es en todo caso baladí” a la luz de la documentación aportada por el informático del Colegio de Procuradores.

“Los hechos denunciados no son constitutivos de delito”

Ahora, el juez accede a la petición de la fiscal porque “se ha podido constatar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito”. Aunque alude a esa imposibilidad de rastrear las IP, añade que “como muy bien precisa el Ministerio Fiscal, tales extremos resultarían absolutamente irrelevantes, en tanto que los investigados que han declarado en sede judicial reconocieron haber remitido dicha información”.

Añade que “consta abundante documentación de la que se infiere la existencia de la necesaria cobertura legal reglamentaria y administrativa para la valida cesión al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid de los datos facilitados”, por lo que decreta el sobreseimiento y archivo del caso. La resolución aún puede ser recurrida en los próximos cinco días.

Durante este proceso, la agencia informática de la Comunidad de Madrid ha detenido el envío de datos. Es más, ICM ha ofrecido a los tribunales y al Colegio de Procuradores dejar de hacer de intermediaria en el intercambio de datos, y que ese envío se haga directamente desde el Tribunal Superior. El Colegio de Procuradores, por su parte, continúa con el envío de reclamaciones de cuotas a sus asociados utilizando los datos que ha recibido hasta ahora.