Fiscalía dice que los concejales nunca quisieron pagar a la Seguridad Social

San Fernando de Henares (Madrid), 28 may (EFE).-La Fiscalía ha señalado hoy que los concejales del Ayuntamiento de Marbella y gestores de las sociedades municipales imputados por el caso Saqueo II nunca tuvieron la voluntad de pagar los 91,5 millones de euros defraudados a la Seguridad Social entre los años 1991-2001.

En la continuación de la lectura de conclusiones, tras la sesión de ayer celebrada en la Audiencia Nacional, Anticorrupción ha rechazado la prescripción del delito contra la Seguridad Social que imputa a los acusados, al indicar que el fraude fue continuado desde el año 1991 hasta el 2006, año en el que la cantidad defraudada ya ascendía 163 millones y el Ayuntamiento fue disuelto.

La fiscal Belén Suárez ha asegurado que “a día de hoy todavía se sigue debiendo dinero a la Seguridad Social”, a la que no se pagó porque el dinero del Ayuntamiento y de las sociedades municipales desaparecía inmediatamente.

“Desde 1991 a 1997 no se paga absolutamente nada, pese a que se retenían las cuotas a los trabajadores”, ha manifestado la representante del Ministerio Público.

Fue ya en 1997, ha agregado, cuando se comienza a pagar la cuota de los empleados, pero siempre cómo, cuanto y cuándo querían los acusados, una vez que comentan al fallecido Jesús Gil que podría ser delito el no pagar la cuota obrera.

Los concejales dejaron de ingresar el dinero a la Seguridad Social “conscientemente y de forma voluntaria” a medida que se iban constituyendo las sociedades municipales.

Suárez ha asegurado que el ex primer teniente de alcalde de Marbella entre los años 1991-1998 Pedro Román reconoció una deuda a la Seguridad Social cuando solicitó un aplazamiento de pago, “no ya para las deudas pasadas, sino por las futuras a contraer”

Con este petición “Román demostró no tener la voluntad de hacer frente a esos pagos”, ha indicado la fiscal, que ha añadido que los impagos se realizaron en claro beneficio propio y por tanto en perjuicio de los trabajadores.

En el fraude a la Seguridad Social, los imputados aludieron a todo tipo de excusas como situación de quiebra en el Ayuntamiento, falta de tesorería, gabinetes de crisis o falta de fondos.

Sin embargo, entre 1996-1999 desaparecieron 24 millones de euros del consistorio, “gran parte, fondos públicos en los que estarían incluidas las cuotas obreras que se retenían a los empleados”.

Suárez ha indicado que “todo fue ficción en el Ayuntamiento” hasta la llegada del Tribunal de Cuentas, momento en que los imputados comienzan a moverse para tapar ese agujero de 24 millones, al que se une un segundo de 12 millones de euros, con presuntos contratos y anticipos de proyectos que eran “irreales”.

Para la Fiscalía los imputados en la trama solo perseguían apoderarse de dinero público al margen de intereses municipales.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz es el principal de los 35 acusados en esta causa sobre el presunto desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91,5 millones.

Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 15 años y medio de Julián Muñoz hasta el año y medio del arquitecto Carlos Monteverde, por los delitos de asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad y contra la Seguridad Social.