La Fiscalía pide embargar preventivamente los bienes de los hijos de Cristina Fernández

La Fiscalía argentina solicitó hoy el embargo preventivo de los bienes que conformaron la herencia del fallecido expresidente Néstor Kirchner y el patrimonio ganancial que tenía con su esposa, la también exmandataria Cristina Fernández, y que hoy son parte del de sus hijos, Máximo y Florencia.

Según informó el Ministerio Público, esta petición, hecha por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se enmarca en la causa que investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles propiedad de la que fuera familia presidencial.

Para los representantes de la Fiscalía, “se encuentran reunidos los extremos” para dictar el embargo preventivo de los bienes inmuebles, muebles registrables y participaciones societarias en las empresas familiares Hotesur, Co.ma y Los Sauces.

Ya el pasado 3 de noviembre, la Cámara Federal confirmó el embargo dictado en julio pasado sobre 5,7 millones de dólares de cuentas y cajas de seguridad propiedad de Florencia.

Concretamente, el pasado julio, la Justicia dispuso el embargo sobre los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad de Florencia, así como 1,03 millones de dólares de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.500 dólares) de otra, un dinero que la joven dijo era producto de la herencia de su padre, que falleció en 2010, y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.

Según surge del expediente sucesorio, el 16 de marzo pasado la exmandataria “cedió y transfirió todos los bienes, derechos, activos financieros y acciones que le correspondían en el acervo sucesorio, así como también su parte de los bienes gananciales -tanto los inscritos a su nombre como al de su esposo-, reservándose para sí únicamente el usufructo vitalicio de dos de ellos”.

La Fiscalía determinó que Máximo y Florencia son los actuales titulares de los bienes de sus padres: dinero en efectivo, propiedades inmuebles en la provincia de Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, un automóvil y participación en las tres empresas.

El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de entonces de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podría ser un alojamiento “fantasma” usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.

El expediente busca determinar si la pareja presidencial, así como sus hijos Florencia y Máximo, resultaron beneficiarios en forma “sistemática y coordinada” de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública “favorecidos” por el Estado “habrían realizado a favor de ellos”.