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La Fiscalía belga deja para “mañana o el lunes” la designación del juez que citará a Puigdemont por la euroorden
La Fiscalía no ha concluido aún su análisis de las euroórdenes dictadas por la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y que las autoridades judiciales belgas recibieron a última hora del viernes. Afectan, además de a Puigdemont, a los exconsellers Maria Serret, Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsanti.
El propio Puigdemont ha expresado este sábado a través de un mensaje en Twitter que tanto él como los exconsellers están “preparados para colaborar plenamente con la justicia belga”.
Preguntado por esta colaboración, el portavoz de la Fiscalía no ha querido aclarar a Europa Press si ha habido ya contactos para acordar la entrega del expresidente autonómico a las autoridades belgas, pero ha recordado que sus abogados han mostrado públicamente esta voluntad de cooperación.
Una vez acabe el primer examen, la Fiscalía nombrará al juez de instrucción que citará a los acusados y tendrá 24 horas para decidir si la petición de detención y extradición se ajusta a derecho o si hay alguna “causa de rechazo” para denegar la euroorden, como por ejemplo que los buscados sean menores o que haya riesgo para los Derechos Fundamentales.
Este magistrado deberá también decidir si Puigdemont y los exconsellers son enviados a prisión o quedan en libertad sujetos a condiciones que impidan su huida, como la retirada de pasaporte o la vigilancia electrónica.
Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.
Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva.
La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.
