La Fiscalía reprocha a los partidos su escasa atención a la seguridad vial

La Fiscalía reprocha a los partidos políticos la “ausencia de toda relevancia” o “escasa atención”, tanto en sus programas como en los debates de investidura, que prestan a la seguridad vial, a pesar de tratarse de algo que afecta a la vida diaria de los ciudadanos.

Un varapalo que la Fiscalía da los políticos en la Memoria correspondiente a 2016, que hoy se ha presentado y en la que se insiste en la necesidad de un ley de educación vial integral y de un plan estratégico de seguridad vial, que considera “inaplazable”.

Entiende la Fiscalía que los partidos no de dan suficiente importancia a la seguridad vial pese a que “está en juego el diseño futuro de un espacio de convivencia” que no se limita solo a la reducción de las cifras de siniestralidad, cuyo coste moral es “elevadísimo” y el económico ronda el 1 por ciento del PIB.

Porque está en juego también, añade la Memoria, “el bienestar y desarrollo económico de los núcleos urbanos y rurales con los parámetros de la movilidad sostenible”.

Tras señalar que la aplicación “eficaz y proporcionada” de la ley administrativa y penal es condición indispensable, pero no única, para la reducción de la siniestralidad, la Fiscalía propone el diseño de un estatuto jurídico del peatón y ciclista para “su convivencia armónica en la ciudad”.

A ello suma la necesidad de mejoras en las vías, señalización y alumbrado; de reducir los límites de velocidad y de mejorar el estado de los vehículos, si bien recuerda que el envejecimiento del parque móvil se debe a la crisis económica “y traduce la desigualdad ante la seguridad de quien no tiene recursos para costeársela”.

Insiste, como en años anteriores, en que la educación vial es “ahora más que nunca”, y sin demérito de las demás, “la única estrategia segura para disminuir las tragedias, casi todas evitables, que tienen lugar en las vías públicas”.

Sin embargo, lamenta la Fiscalía, en España es la estrategia que “se ha quedado atrás”-

De este modo, vuelve a reiterar la necesidad de una educación “integral, permanente y acompasada a los tiempos de orden tecnológico, sanitaria, en movilidad vial y en conducción ecológica y eficiente”, que incluya la percepción del riesgo.

Una ley de educación vial integral y un “inaplazable” plan estratégico de la seguridad vial con intervención parlamentaria, así como potenciar la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados son propuestas en las que hace hincapié la Fiscalía.