La Fiscalía estudia la sentencia del Prestige para determinar si la recurre

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, está estudiando detalladamente la sentencia hecha pública ayer sobre los daños originados por el accidente del petrolero Prestige en noviembre de 2002 para determinar si cabe o no recurso a la misma.

Fuentes de la Fiscalía han informado a Efe de que, tras abrirse el periodo de recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, García Ortiz decidirá si se va a recurrir y en qué términos.

“Aún no ha terminado el procedimiento”, han agregado las mismas fuentes, que han explicado que es por esa razón por la que el fiscal no se ha pronunciado todavía públicamente sobre el contenido del fallo.

Según la Fiscalía, sería un poco aventurado por parte del fiscal opinar antes de “desmenuzar” los argumentos jurídicos de la sentencia y “más aún cuando tiene que actuar, en un sentido o en otro, en dejarla estar o formular recurso”.

El tribunal que ha juzgado la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del petrolero 'Prestige' ha absuelto de los principales delitos a los tres acusados en este proceso, el exdirector de la Marina Mercante, José Luis López Sors; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos, aunque sí ha condenado al capitán del buque, Apostolos Mangouras, a nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

La Fiscalía solicitaba una indemnización de 4.328 millones de euros por los daños, pero la sentencia deja claro que España no podrá cobrar las indemnizaciones millonarias que reclamaba ni deberá pagar por ellos, y sólo le queda la vía de iniciar otro proceso judicial contra la operadora y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente, -una opción poco viable, según fuentes jurídicas consultadas- o buscar un acuerdo extrajudicial muy a la baja para sus intereses.

Además, la Fiscalía argumentó durante la vista oral que la condena del capitán del buque era la única alternativa para conseguir que la operadora y la aseguradora hicieran frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita, y apostaba para ello por la aplicación del Código Penal español.

La armadora del barco depositó en el juzgado de Corcubión una fianza de 22 millones de euros, el límite máximo establecido por la legislación entonces, y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del 'Prestige' hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.