Fuerzas militares abandonan el cerco a la sede del partido opositor en Malabo

Las fuerzas militares han levantado hoy el cerco que mantenían desde hace dos semanas sobre la sede del partido opositor Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), ubicado en el barrio Pérez, cerca de Malabo.

C.I., liderado por Gabriel Nsé Obiang Obono, anunció en un comunicado la “retirada de las fuerzas militares que han estado asediando esta Sede Nacional del partido, desde el 21 del pasado mes de abril”.

El partido opositor reclama que esa retirada no sea “táctica o temporal” sino “una retirada definitiva para la normalización política y la consolidación de la democracia para nuestro país”.

Denuncia que el cerco y el ataque a sus instalaciones en la madrugada del 22 de abril pasado ha causado “tremendos daños humanos”.

Recuerda que la acción militar ha ocasionado “heridos con armas de guerra, enfermos de gravedad con pronósticos reservados como consecuencia de los disparos, daños físicos por torturas, enfermos con afección pulmonar por inhalación de gas lacrimógeno”.

C.I. muestra su preocupación por lo sucedido, al tiempo que acusa a las Fuerzas de Seguridad de torturar, perseguir, amenazar y detener a militantes y simpatizantes de su formación política.

El partido de Gabriel Nse agradece los esfuerzos de la comunidad internacional a través de sus representaciones diplomáticas acreditadas en Malabo, por “mediar en esta crisis política abierta” y a la prensa internacional por su “gran trabajo”.

Los hechos comenzaron dos días antes de la celebración de las cuartas elecciones presidenciales pluripartidistas del pasado 24 de abril, de las que, cuatro días después, la Junta Electoral Central Nacional (JEN), atribuyó al presidente Teodoro Obiang, el 93,7% de los más de 300.000 votos escrutados.

El 30 de marzo pasado, la JEN, presidida por el primer viceprimer ministro y ministro del Interior, Clemente Engonga Nguema Onguene, rechazó la candidatura del líder de C.I, Nsé, por falta de “arraigo en el país los últimos cinco años ininterrumpidos”, una de las exigencias de la Constitución para optar a la Jefatura de Estado.