Fundación Franco pregunta al Gobierno si la nueva ley de Memoria reconocerá a las víctimas del bando republicano

A pesar de que la consulta pública previa a la elaboración de proyectos de ley tiene por objetivo que la sociedad civil pueda sugerir aportaciones a las normas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, ha registrado toda una serie de preguntas, más que ideas o propuestas.

En la mayoría de los casos, estas preguntas versan sobre si el Ejecutivo tiene intención de que la nueva ley se refiera también a las víctimas que provocó el bando republicano, no sólo a las víctimas de los sublevados contra el Frente Popular, la coalición de izquierdas que ganó las elecciones generales de 1936 previas al estallido de la Guerra Civil.

Uno de los objetivos que persigue el Gobierno de Pedro Sánchez con la nueva Ley de Memoria Histórica es impulsar las exhumaciones de los miles de desaparecidos que permanecen bajo las cunetas de este país. Chicharro pregunta en este sentido al Ejecutivo si “se van a buscar también a los desaparecidos en manos del bando republicano, o en manos de milicias políticas del Frente Popular”.

También se interesa por conocer si los mapas de localización de desaparecidos se llevarán a cabo también en las zonas donde triunfó el Frente Popular.

Otra de las pretensiones del Gobierno es crear un banco público de ADN que ayude a identificar los restos óseos que se recuperen con las exhumaciones. En este sentido, Chicharro pregunta si esta base de datos estará disponible para “las víctimas de todos los desaparecidos, asesinados y víctimas de cualquier bando”, también para aquellas personas que murieron a manos de los guerrilleros denominados 'maquis' o de las bandas terrorista ETA y FRAP.

A primeros de año, los socialistas habían anunciado su intención de incluir en la reforma del Código Penal un nuevo delito sobre apología del franquismo. De ahí que la Fundación Franco se pregunte ahora si el Gobierno tiene intención de considerar también como una infracción grave los actos de exaltación en lugares públicos de la “ideología comunista o de regímenes de izquierdas donde se violan o se han violado los derechos humanos y se practica o se ha practicado violencia política”.

Esta misma semana, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, avanzó que su intención era elevar al Consejo de Ministros este mismo mes de julio el nuevo proyecto de Ley de Memoria en el que trabaja su departamento.