Gallardón niega criterios dispares entre las fiscalías sobre los bebés robados

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado hoy el “pleno” compromiso del Gobierno con las víctimas de niños robados y ha negado discrepancias de criterio entre las fiscalías territoriales, que sí se dan entre las secciones de una misma Audiencia Provincial.

Gallardón respondía así en el Pleno del Congreso a una interpelación de la diputada de UPyD Rosa Díez sobre la falta de unidad de criterio de los fiscales, que hace que el mismo hecho delictivo tenga una respuesta judicial diferente según el lugar donde se presente la denuncia.

En contra de la opinión de la parlamentaria, el ministro ha insistido en recalcar la actitud sensible y comprometida de la Fiscalía desde el primer momento, “tendente al esclarecimiento de los hechos y en defensa de los afectados”.

El ministro ha subrayado que el robo de bebés es “una de las heridas más graves y humillantes que se puede realizar no solo a los afectados sino también a toda la sociedad” y ha considerado que “tenemos que sentir vergüenza como país de haber podido convivir durante tantos años” con ese hecho.

Gallardón ha asegurado que, respetando siempre la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio y el Gobierno “harán todo lo que está en sus manos legal y ejecutivamente para que se haga justicia y para que todos los que tengan dudas puedan conocer su filiación”.

El ministro ha informado, además, de que el Estatuto de la Víctima, en el que está trabajando su departamento, protegerá también a las de bebés robados.

El titular de Justicia ha considerado que la prescripción del delito es el principal obstáculo con el que se topan estas denuncias y la segunda barrera es determinar cuando comienza a correr el plazo.

Sobre este último punto ha reconocido que hay distintas opiniones, pero ha asegurado que el criterio de la Fiscalía “ha sido siempre que se está ante un delito permanente por lo que el punto de partida lleve llevarse al descubrimiento de la verdadera filiación”.

Gallardón se ha mostrado “absolutamente abierto” a modificar los tipos penales y el plazo de prescripción de estos delitos, pero ha recordado que los cambios en la leyes penales no pueden tener efectos retroactivos si son desfavorables para el acusado.

La diputada ha insistido en denunciar la inexistencia de una unidad de criterio de las fiscalías y ha considerado que ha llegado el momento de hacer una revisión crítica de sus consecuencias.

Frente al “archivo masivo y abusivo” de las denuncias por parte de las distintas fiscalías territoriales, Díez ha pedido medidas que combatan la inseguridad jurídica respecto a la interpretación del concepto de delito permanente en los casos de sustracción de menores y del cómputo de los plazos de prescripción de los mismos.

La diputada ha reconocido que las Cortes no pueden entrar en esta cuestión sin violar la independencia judicial, pero ha recordado que si se puede abordar desde el punto de vista legislativo “para garantizar la claridad del Código Penal”.

Díez ha propuesto que se facilite el acceso directo de los afectados a sus historias clínicas sin necesidad de orden judicial cuando la ley les ampare y el reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de las víctimas.

Además, la creación en todas las CCAA de una oficina de atención a las víctimas en cooperación con la que ya existe en Madrid, asistencia jurídica gratuita al igual que se hace con las víctimas de violencia de género y creación de una sección especializada de la Fiscalía.

“Este es un drama que es una asignatura pendiente de la democracia”, ha subrayado la diputada, quien ha considerado que “la cuestión no es que sea injusto lo que denunciamos, sino que es injusto lo que está ocurriendo”.